Las escuelas informarán del derecho a recibir un curso en castellano

Las escuelas catalanas informarán a las familias del derecho de sus hijos a recibir enseñanza en castellano durante un curso escolar -bien en la educación infantil o bien en el primer curso de primaria-. Esto será obligatorio cuando se apruebe la Ley de Educación catalana, previsiblemente en mayo próximo. Los socios del tripartito cerraron ayer un acuerdo sobre éste y otros puntos para presentar mañana en el Parlament enmiendas conjuntas al proyecto de ley.

Los socios del tripartitito tienen desde diciembre sobre la mesa una sentencia del Supremo en la que el tribunal zanja un largo litigio sobre la inclusión de una casilla en las hojas de preinscripción escolar en la que se pregunta a los padres en qué lengua quieren que reciban clases sus hijos hasta los ocho años.

El tripartito pacta casi 200 enmiendas conjuntas a la ley de educación

Los grupos pretenden que la ley se apruebe en dos meses

Esta petición la llevó a los tribunales hace ocho años Convivencia Cívica, presidida entonces por Alejo Vidal-Quadras. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón en 2004 a esta entidad e instó a la Generalitat a poner la casilla. El TSJC avaló la inmersión lingüística en catalán, pero sentenció que preguntar a las familias a través de una casilla "coadyuvará a la mayor efectividad del derecho" a recibir clases en castellano. Sólo poco más de un centenar de personas han pedido escolarizar a sus hijos en castellano durante el periodo en el que la ley les da este derecho.

Educación recurrió el fallo del TSJC al Supremo. El departamento argumenta que cumple con la ley porque desde 2006 en las hojas de preinscripción incluye la cita al artículo sobre el derecho de los padres a la opción lingüística y figura una casilla donde se pregunta sobre los idiomas que entiende el alumno. El Supremo ratificó en 2008 lo que había dicho el TSJC instando a poner la casilla en la hoja de preinscripción con la pregunta concreta.

La ley de Política Lingüística en vigor garantiza que los niños "tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de la educación primaria en su lengua habitual (hasta los ocho años). Y los padres "lo habrán de solicitar a la dirección del centro". Ahora el proyecto de ley de Educación reduce de cinco a un año el derecho a recibir enseñanza en castellano. Y lo que han acordado los socios del tripartito es que en la ley figure que los centros informen sobre este derecho. Los críticos con la política del departamento argumentan que la pregunta sobre la opción lingüística debe hacerse en el trámite de preinscripción para dar tiempo a organizar la atención en castellano al alumno.

Al margen del capítulo lingüístico, los grupos del tripartito pactaron ayer cerca de 200 enmiendas conjuntas al proyecto de ley de Educación. El objetivo es aprobar la ley en dos meses. Las enmiendas se acordaron en una reunión en la que participaron el diputado de ERC, Josep Maria Freixanet; el del PSC, Daniel Font, y la diputada de ICV-EUiA, Dolors Camats. A ellos se sumaron en algún momento el consejero de Educación, Ernest Maragall, y el número dos de este departamento, Francesc Colomé, dijeron fuentes consultadas conocedoras del encuentro.

ICV-EUiA ha impulsado enmiendas para reforzar el concepto de servicio público de educación y los derechos y deberes de los centros sostenidos con dinero público. Pero hay dos temas sobre los que no hay acuerdo en el tripartito. El primero es la separación de alumnos por sexo. Del redactado del proyecto se desprende que cuando se apruebe la ley un centro no podrá separar niños y niñas para tener concierto. Pero también que los que ya lo hacen -14 en total- podrán seguir haciéndolo y renovando el concierto si cumplen las normas pactadas cuando se les dio. CiU quiere que esto sea posible. ICV-EUiA y ERC se oponen. El otro punto hace referencia a que los colegios concertados deben acoger mayoritariamente alumnos de su zona.