Un millar de agricultores protesta en Almería por el acuerdo UE-Marruecos

El campo almeriense quiso hacer coincidir el Día de Andalucía con una jornada de reivindicación en la que las principales organizaciones agrarias fueron de la mano. Miles de agricultores se echaron a la calle para pedir a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y a la propia Comisión Europea que "protejan" los intereses de los productores andaluces ante la renovación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. El consejero de Agricultura, Martín Soler, se reunirá mañana en Almería con representantes de los gobiernos de Murcia, Valencia y Canarias para defender los intereses de la hortaliza española.

La manifestación, convocada por COAG, Asaja y UPA, contó con la presencia de agricultores de Málaga, Granada y Murcia, que se unieron a los almerienses para pedir la protección de los intereses de los productores nacionales frente a terceros países. El secretario provincial de Asaja, Francisco Vargas, exigió una "actitud firme" por parte del Gobierno central en las negociaciones con Marruecos, actualmente paralizadas. "Que no se dé una concesión más y, por otro lado, pedirle a la Comisión Europea que tome la misma actitud porque nuestros productos son sensibles a esas exportaciones. Están consiguiendo que nuestros precios no cubran los costes de producción y está impidiendo que nuestro sector tenga viabilidad", dijo Vargas.

Rabat pide que no haya precio de entrada y cupos trimestrales

Más de 5.000 agricultores, según los organizadores -unos 1.000 según la Policía- se manifestaron por la avenida de Cabo de Gata de la capital, apoyados también por los partidos IU y PP, hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno.

La protesta agrícola se interpretó desde el Gobierno andaluz como "un hito más" en un proceso de presión a la Comisión Europea para que tenga en cuenta los intereses del sector del tomate. "La manifestación es un apoyo para las posiciones nuestras y las del Gobierno de España. Porque hemos discutido un documento y hemos consensuado una posición común. Lo que piden las organizaciones es lo que estamos pidiendo", insistió el consejero Soler.

La cumbre de mañana con representantes de la Región de Murcia, Gobierno de Canarias y Generalitat Valenciana -que producen el 100% del tomate en España- será escenario de la firma de un documento de defensa del tomate y del empleo asociado. En la reunión se fijarán unos criterios que harán llegar también a la ministra Elena Espinosa y, por extensión, a la Comisión Europea. El escrito incluirá las exigencias del sector: mantenimiento del status quo actual con el mantenimiento de los precios mínimos de entrada como garantía para que "nunca" estén por debajo del precio de producción; que se mantenga el calendario por meses y no por cuotas trimestrales, así como el arancel de "penalización" a 50 céntimos de euro por kilo cuando se supere el contingente.

"A eso añadiremos que se declare 'sensible' [precio mínimo de entrada y cupo fijo] el tomate y que las garantías fitosanitarias de los productos importados sean las mismas que tienen los españoles. Que la calidad, por un tema de salud alimentaria, no se resienta", remachó el consejero.