Caamaño ante los jueces de la huelga

Francisco Caamaño, sustituto de Mariano Fernández Bermejo al frente del Ministerio de Justicia, tiene ante sí una gran oportunidad para enderezar un conflicto que no ha hecho sino envenenarse en los últimos tiempos. Porque lo más sugestivo de la reciente huelga de jueces es examinar el colectivo que la ha hecho, y que podría repetirla. En contraste con algunos magistrados que, dejando a un lado si tienen o no derecho de huelga, consideran que ésta no es la medida más sensata para mejorar la justicia, una importante cantidad de jueces ha visto con claridad que la huelga es el camino. Son los jueces de la huelga.

Un lector de EL PAÍS señaló certeramente que sólo si los jueces hacen una huelga larga -un año, sugería Juan Carlos García González, desde Burgos- podríamos darnos cuenta, porque, "en otro caso, sólo pensaremos -decía- que hacen lo mismo que cuando no están en huelga". Y una lectora, Izaskun Fernández Uribe, desde Girona (EL PAÍS, 19-2-2009), describió a los jueces, "salvo escasas y honrosas excepciones", como "seres supremos, casi deidades", que hacen objeto a los ciudadanos de "su indiferencia y menosprecio". Por ello rechazaba que uno de los líderes de la huelga hubiera mencionado "el hartazgo de los jueces" como motivo de la misma, cuando "el hartazgo en lo concerniente a la justicia es nuestro".

Hay que regular la responsabilidad de los jueces, además de dotarles de más medios para su tarea

La gran mayoría de los jueces son poco autocríticos y proliferan entre ellos los arbitrarios y arrogantes, a veces tan enamorados de su poder jurisdiccional que olvidan su función de encontrar soluciones jurídicas y legales a los conflictos sociales que se les plantean. Formados mediante una oposición memorística que no les entrena en la aplicación del derecho a problemas humanos, nuestros jueces disfrutan de una alta dosis de impunidad y de una muy escasa disciplina de trabajo. Mientras que las partes de un proceso, cuando incumplen los plazos pierden el pleito, los jueces basta con que adviertan en la resolución que no los han podido cumplir, dada la "sobrecarga de trabajo", con lo que se absuelven ellos mismos.

El juez español no ofrece, desde luego, el perfil del trabajador por cuenta ajena que, en un momento dado, acude a la herramienta colectiva de la huelga. La propia esquizofrenia de un empresario bipolar -el Ministerio de Justicia, que le paga, y el Consejo General del Poder Judicial, que le gobierna (?)- refuerza ese bajo perfil. Además, la escasa incidencia de su ausencia, un día, del puesto de trabajo, les configura como unos huelguistas singulares, poco conflictivos y relativamente cómodos, como se comprobó el 18 de febrero, a pesar de todo lo dicho y escrito sobre el terrible impacto de que se suspenda la tutela judicial efectiva y un poder del Estado acuda a esa medida. La propia judicatura ha sido siempre reacia al ejercicio del derecho de huelga. De ahí que sus dos asociaciones más veteranas -la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD)- dejaran el experimento en manos de las dos más noveles -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente-, aunque el protagonismo mayor lo asumieron, asambleariamente, ¡quién lo iba a decir!, los jueces no asociados. A la vista del éxito estadístico del paro, es previsible que, para el 26 de junio, si la negociación no ha prosperado, la APM trate de tomar el timón de la huelga, en la que será más difícil que participe JpD, por criterios de responsabilidad. Es curioso cómo la izquierda judicial, que siempre tuvo claro su derecho a la huelga -aunque con importantes limitaciones, se ejerce en Francia, Portugal e Italia, sin que conculque la democracia ni la división de poderes en esos países-, es más reticente y moderada sobre la oportunidad actual de una huelga de jueces, paradójicamente jaleada desde la derecha mediática. En el proceso constituyente fue la derecha quien más se opuso a la acción política, sindical y asociativa de los jueces, para, según argumentó, "no dañar su prestigio". La izquierda y los nacionalistas consiguieron que se aceptara al menos el derecho de los jueces a la "asociación profesional".

Actualmente, ante la configuración constitucional de la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores, sería bueno que el legislador, ¡30 años después!, diera un paso al frente para precisar el ejercicio de ese derecho y establecer por ley, como exige la Constitución, "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", incluidas, en su caso, las prestaciones judiciales. Con huelga o sin huelga, es necesario modernizar la Administración de Justicia, dotarla de recursos personales y materiales y, para que la inversión no sea inútil, organizar todos esos medios de forma coordinada e inteligente. El Gobierno debe ocuparse, además, de garantizar, en frío -sin casos Mari Luz de por medio-, la responsabilidad de los jueces, cuyo régimen disciplinario está obsoleto. En su programa electoral para 2004, el PSOE prometió regular de modo especial "la exigencia de responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales, por retrasos injustificados, error judicial culposo y mal funcionamiento de la justicia".

Tal promesa, incumplida, desapareció del programa electoral del 2008. En cambio, a esos jueces escasamente responsables no les ha temblado el pulso para declararle una huelga al Gobierno. Ahora el flamante ministro Caamaño puede empezar de nuevo a lidiar con la doble exigencia.