La Generalitat disfrazó la contratación de asesores con el encargo de informes

El masivo encargo de dictámenes externos del Gobierno catalán en 2007 oculta algo más que los estudios de dudosa utilidad que ya investiga la Fiscalía. El Ejecutivo de José Montilla pagó cantidades que oscilan entre los 800 y los 12.000 euros a personas que en teoría elaboraban informes puntuales, pero que en realidad ejercían como asesores del Gobierno de forma más continuada. Con ello, el tripartito se ahorraba establecer una relación contractual con ellos y tenerlos que declarar en la lista de personal de asesoría, ya muy abultada y muy criticada por la oposición y la opinión pública.

Dos casos ilustran esta práctica del Gobierno catalán. El primero es el del asesor electoral Juan Ignacio Marcos Lekuona, que cobró 24.000 euros por el encargo teórico de elaborar dos informes sobre la reorganización de otros tantos departamentos de la Generalitat en manos de Esquerra Republicana. Lekuona, ex asesor de ERC y de otros partidos, no cobró sólo por los informes. Lo hizo, según explica él mismo en uno de los documentos, para hacer "un conjunto de entrevistas, reuniones y sesiones formativas" para las que el autor tuvo que estudiar documentación y preparar los citados encuentros. Lekuona, pues, no cobró sólo para elaborar el informe, sino para pilotar la reorganización de los departamentos de Acción Social y de Innovación.

Un segundo caso es el de la economista Núria Bosch, que figura en la lista de personas que elaboran informes para el tripartito sin que la propia afectada tuviera constancia de ello. En el listado facilitado al Parlamento, el Gobierno dice que Bosch cobró 6.000 euros por un estudio sobre financiación autonómica.

Listado de asesores

En realidad, según ha confirmado Bosch a EL PAÍS, el pago era para labores de asesoramiento del Gobierno en asuntos de financiación. Dicha labor la desempeñó durante todo el ejercicio 2007 mediante su participación en coloquios, conferencias y redacción de documentos del Instituto de Estudios Autonómicos. Bosch aseguró que esta situación no es nueva, que su vinculación con el Gobierno catalán se remonta a 2006 y que ésta se mantiene en la actualidad. La suya, pues, tampoco es una relación temporal para elaborar un informe.

El Gobierno catalán no quiere contratar más asesores porque ya ha alcanzado el límite que se fijó en 2006, que es de 218. El tripartito se impuso este límite para evitar dar la misma imagen del Gobierno de Jordi Pujol, que se negó hasta sus últimos días a revelar la lista y los sueldos de sus asesores. Sólo en el último momento, y a regañadientes, Pujol tuvo que revelarlos ante la insistencia de ERC, entonces en la oposición. CiU se ha tomado ahora la revancha. Los nacionalistas insisten desde hace días en que el gasto en informes oculta, en el fondo, contratación de personal. El Gobierno replica que es más barato pagar a asesores mediante informes que tenerlos en nómina y recuerda que la mayor parte de los 3.000 informes son estudios preceptivos para obras.

Los consejeros guardan silencio en torno a la polémica. Se amparan en que el asunto está en manos de la Fiscalía. Para evitar más filtraciones a la prensa, dos departamentos, el de Presidencia y el de Interior, han negado copia de los polémicos informes a la oposición.