La reforma que no fue

Con más sombras que luces transcurrió la legislatura recién cerrada en el terreno de la educación. El departamento dirigido por Tontxu Campos, de EA, ha dejado sin acometer reformas imprescindibles, como la del sistema de modelos lingüísticos, la descentralización para conceder mayor autonomía de gestión a los colegios o la formación del profesorado para que desarrolle con éxito el currículo (los contenidos que deben aprender los escolares entre los tres y los 18 años). Al final, los profundos cambios que pretendía introducir Campos se han quedado en una tarea a medias (el currículo) y en un imposible en el caso de la reforma idiomática.

Cuatro años después, la escuela sigue con el mismo sistema lingüístico de tres modelos y a la búsqueda de otro único que sea capaz de aglutinar a euskera y castellano para que los alumnos finalicen la etapa de escolarización obligatoria (a los 16 años) dominando ambos (algo que ahora no ocurre en el caso de la lengua vasca) y se defiendan con el inglés. El vértigo, que según Campos le entró a sus socios de Gobierno (PNV y EB) en el último momento de la legislatura, impidió que fructificase la reforma, basada en considerar el euskera como la lengua vehicular de la enseñanza, al entender que se trata del idioma más débil, y relegar al castellano.

La red concertada toma posiciones para lograr el 100% de financiación

"La consejería no parece pensar desde la realidad del aula", se queja un docente

Los profesores reclaman una mayor formación para aplicar el currículo

Los colegios piden más autonomía pedagógica y de gestión

A esa división en el tripartito se añade la falta de consenso lingüístico con la oposición, PSE y PP. Se trata de una asignatura pendiente, que despierta un enconado debate y que deberá encarar el próximo Gobierno. De momento, PNV y PSE, los dos partidos mayoritarios, ya han trazado sus líneas rojas para esa futura reforma, que distan bastante de las que había dibujado Campos. Cualquier cambio en el sistema de modelos debe atender, según ambas formaciones, a las directrices sobre política lingüística aprobadas por el Consejo Asesor del Euskera, que vincula la reforma al consenso, la libre elección de la lengua y el respeto a los proyectos lingüísticos de los centros.

Ése es el punto de partida para, de alguna manera, reconquistar los acuerdos mayoritarios que hicieron posible la Ley de Normalización del Uso del Euskera, de 1982 y la Ley de la Escuela Pública Vasca, de 1993. La imposibilidad de acometer la reforma ha llevado a Educación a tratar de sortearla mediante el currículo de la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años), el decreto de Infantil (3-6) y el de Bachillerato (16-18), que establecen todos ellos el euskera como la lengua "principal" en el sistema de enseñanza. La aprobación de los decretos de Infantil y Bachillerato ha llegado a última hora y con el Parlamento ya disuelto, de manera que la oposición apenas ha podido reaccionar. Sin embargo, ambos decretos pueden pender de un hilo si se produce un cambio de Gobierno.

El otro gran reto pendiente es el desarrollo del currículo, que la consejería sacó adelante en octubre de 2007 y sobre el que pesan algunos recursos. El currículo resulta imprescindible, porque adapta la enseñanza vasca a los requisitos de la Ley Orgánica de Educación (LOE). El departamento de Campos asumió buena parte del proyecto diseñado desde la iniciativa privada (ikastolas y colegios religiosos) y permitió la participación de la escuela pública. Ni el PSE ni el PP dieron su visto bueno: por la exigencia del euskera y por emplear el término "Euskal Herria" como un ente formado por la comunidad autónoma, Navarra y el País Vasco francés.

Al margen de estas dos cuestiones, su gran trascendencia radica en que modifica por completo la manera de enseñar y lo que deben aprender los alumnos. El problema es que el profesorado se enfrenta a este desafío sin un plan específico de formación. Xabier Mendizabal, representante de la Asociación de Directores de Secundaria-Bihe, advierte de la profundidad de lo que se avecina. "Los alumnos van a notar el cambio en la forma en la que los docentes les van a enseñar las materias. Aprenderán competencias, no contenidos. Adquirirán habilidades y destrezas para la vida, más que centrar sus esfuerzos en memorizar contenidos". Por ello, asegura que el plan de formación del profesorado será el eje para desarrollar con garantías el currículo.

Este cambio en el sistema educativo va a condicionar inevitablemente la labor de los miles de docentes vascos. Y lo que, según los profesores, ayudaría a digerir todo mejor es una mayor autonomía de gestión de los centros, vieja reivindicación que nunca termina de plasmarse, a pesar de la declaración de intenciones que realizan todos los responsables de Educación sin excepción cuando echa a andar su mandato. Esa autonomía de gestión abarca desde poder agilizar las contrataciones del personal (para garantizar la continuidad de los interinos ligados a determinados proyectos) hasta el desarrollo de un proyecto educativo propio, siempre respetando los mínimos establecidos desde el Gobierno.

Ricardo Arana, profesor de quinto y sexto cursos de Primaria en un colegio público de Barakaldo, tiene la percepción de que la gestión del departamento no ha ido de la mano con los centros: "Es más una sensación de agobio más que de ayuda. Cuando la consejería marca sus líneas maestras da la impresión de que no piensa desde la realidad del aula. Más bien parecen pasos en el vacío". Arana se queja de la carga burocrática a la que el departamento somete a los colegios para resolver cualquier tipo de petición. "Los profesores esperábamos un liderazgo claro, pero lo que ha ocurrido es que ha brillado por su ausencia", remata.

Campos ha aprovechado el vacío parlamentario (la Cámara se halla disuelta desde primeros de enero) para dar salida a sus últimos y controvertidos decretos, como el aumento de financiación para la red concertada, que aspira a equipararse a la pública (ahora supera el 70%). Cuando se hicieron públicas a mediados de 2008 las avanzadas negociaciones entre el sector concertado y la consejería, Campos dio marcha atrás. Por si acaso, la red concertada ya ha tomado posiciones y hará valer su principio de acuerdo ante el próximo Gobierno.