La línea de financiación para 'pymes' del Gobierno no termina de despegar

El programa de 500 millones de euros del Gobierno para inyectar liquidez en las empresas ha echado a andar más despacio de lo esperado. El lehendakari Ibarretxe presentó la iniciativa a finales de diciembre con la promesa de que los autónomos o pymes que necesitasen dinero para sus gastos corrientes podrían acogerse a la iniciativa de forma inmediata a partir del uno de enero. La gestión de los avales quedó en manos de las sociedades de garantía recíproca Elkargi y Oinarri. Las empresas parecen haber acogido bien la iniciativa, pero las cajas aún no han comenzado a dar créditos. Todo hace indicar que la iniciativa va a ser un éxito, según las propias cajas; sin embargo, su puesta en marcha no es tan rápida como hubiera deseado el Gobierno.

El programa de avales tiene una dotación de 500 millones de euros

Desde las entidades se acusa a las sociedades de garantía recíproca de no estar preparadas para atender el aluvión de peticiones. Éstas responden que no es así y que en breve se podrá comprobar que sus sistemas, que se han reforzado para hacer frente a las peticiones de avales, funcionan perfectamente. Algunas cajas aseguran que aún no han concedido un solo préstamo con aval del Gobierno porque no les han llegado ninguna solicitud autorizada por las sociedades de garantía recíproca.

El Gobierno, que es quien aporta los 500 millones de avales, mantiene el silencio sobre los datos, mientras que fuentes de las sociedades de garantía recíproca se escudan en que el protocolo que tienen firmado les obliga a mantener confidencialidad sobre las operaciones. En definitiva, solamente el Ejecutivo puede hacer balance del éxito o fracaso hasta el momento de la iniciativa. No obstante, las cajas aseguran que los préstamos concedidos se pueden contar con los dedos de las manos.

El sistema funciona de la siguiente manera. Las empresas hacen sus propuestas, las sociedades de garantía recíproca las analizan y las cajas conceden el crédito. El decreto se publicó el pasado 14 de enero con lo cual los plazos para su puesta en marcha empezaron a correr ese día. Hasta entonces todo eran consultas o intenciones. El visto bueno a las operaciones recomendadas por Elkargi y Oinarri se dan en dos reuniones que se celebran, según fuentes de las cajas, los días 12 y 24 de cada mes.

Las entidades aseguran que están recomendando a sus clientes, autónomos o pymes, acogerse a la iniciativa aunque no tengan necesidad en este momento. Consideran que la situación de la economía puede ir a peor y que garantizarse dinero para hacer frente a los pagos diarios puede dar mucha tranquilidad para sobrellevar la crisis.

El pasado 20 de enero la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, aseguró que se había presentado 352 solicitudes. El tripartito ha dispuesto un fondo de 500 millones de euros para avalar préstamos a pymes y autónomos mediante convenios con Caja Laboral, Ipar Kutxa, Caja Vital, BBK, Kutxa y La Caixa, que están obligadas a conceder los créditos que les lleguen avalados para necesidades de circulante o para refinanciar deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo. La gestión directa del estudio y concesión de los avales se ha puesto en manos de las sociedades de garantía recíproca Oinarri -especializada en pymes- y Elkargi, en las que participa la Administración vasca.

Euskadi cuenta con 120.000 autónomos y un tejido industrial muy fragmentado, con cerca de 150.000 pymes. Los problemas de liquidez están estrangulando la actividad diaria de muchas de ellas. El plan no pretende salvar a empresas con problemas, sino a aquellas que tienen dificultades para acceder a créditos con los que atender su actividad diaria en condiciones favorables.

Los créditos normales a empresas superan en uno o dos puntos el Euríbor en función del objeto del préstamo. La línea abierta, en cambio, fija el tipo de interés en el Euríbor más 0,6%, unas condiciones muy favorables; incluso mejores que las de muchos créditos hipotecarios.

Los proyectos podrán recibir apoyo cuando la estructura de financiación de la empresa sea inadecuada para su desenvolvimiento futuro y, en todo caso, siempre que su fondo de maniobra sea inferior al 10% del pasivo total, o cuando la variación de su capital circulante tenga signo negativo en el último ejercicio.