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El PP y los escándalos de corrupción

Una sociedad para gestionar los grandes eventos

La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana nació con la ley de presupuestos de la Generalitat para 2006 con una dotación inicial de 3,2 millones de euros. Esteban González Pons, entonces consejero portavoz y comisionado de la Generalitat para la Copa del América, fue el primer responsable de la sociedad pública, cuyo primer objetivo era promocionar la Comunidad Valenciana en todo el mundo de cara a la competición de vela que se celebró en 2007.

El presupuesto de la Generalitat para 2007 cita como objetivos de la SGIEPCV, entre otros, "el desarrollo de eventos promocionales y acciones publicitarias o eventos singulares, tales como participación en ferias e instalación de stands en lugares singulares, así como acciones de marketing directo dirigidas a públicos objetivos". También tenía prevista en 2007 la compra de los derechos de la Volvo Ocean Race.

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Un hermano de Álvaro Pérez dirigió cuatro empresas de la trama

Con apenas cinco trabajadores en plantilla, la SGIEPCV está condenada a contratar los servicios de terceros, con especialistas en gestión de eventos, promoción o marketing.

Los servicios que ofrece Orange Market, la sociedad de Álvaro Pérez, imputado ayer por el juez Baltasar Garzón en relación con la trama corrupta de empresas de personas vinculadas al PP, se ajustan como un guante a los objetivos de la SGIEPCV.

Orange Market, de hecho, se encargó de organizar el evento de inauguración de la carrera transoceánica en el puerto de Alicante, que incluyó un castillo de fuegos artificiales, representaciones teatrales y el desfile de los equipos participantes. La SGIEPCV convocó un concurso por 500.000 euros al que sólo optó Orange Market, que se adjudicó la organización de los actos por 445.000 euros, según publicó ayer Levante-EMV.

José Camarasa, diputado autonómico del PSPV, solicitó acceso a actas de una reunión del consejo de la SGIEPCV y tropezó con la callada por respuesta. Camarasa insistió y, en su empeño, logró el amparo de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Una suerte de advertencia moral a Vicente Rambla, actual presidente de la SGIEPCV, para que entregara los documentos. Pero Rambla nunca atendió el requerimiento de Martínez. Su negativa bloqueó el acuerdo entre PP y PSPV para renovar al Síndic de Greuges. Y una pregunta de Camarasa: "¿Qué hay en esos documentos que no se puede ver?"

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