La justicia de la tienda de campaña

No son buenos tiempos para el romanticismo. La recontraposmodernidad y la crisis nos han pasado por encima y antes, como decía Voltaire, "para conseguir la más pequeña fortuna valía más decir cuatro palabras a la querida de un rey que escribir cien volúmenes". Ahora, parece que eso no vale de mucho, y el refrán que decía "insinuación de Rey, como si fuera ley" ha perdido gran parte de su contenido.

La Casa Real acaba de contestar a un afectado del síndrome tóxico que "no puede interferir en la justicia".

El sevillano José Luque, de 57 años, una de las víctimas del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado que en la primavera de 1981 causó 600 muertos y afectó a 25.000 personas en toda España, plantó su tienda de campaña en las inmediaciones del Palacio de la Zarzuela hace una semana para pedir justicia al Rey.

Cuando un ciudadano realiza una petición al Rey, se traslada la demanda al Gobierno

El monarca no puede interferir en la justicia, su papel queda limitado al derecho de gracia

Luque clama contra los tribunales porque considera que han cometido una injusticia con su esposa, también afectada por el envenenamiento, a la que, según sus cálculos, le adeudan 270.455 euros que le corresponderían por padecer una incapacidad absoluta como consecuencia de la ingesta de aceite. Pero la Oficina del Síndrome Tóxico de la Audiencia Nacional niega que la deuda sea tal, porque los peritos forenses no aprecian -ni, por tanto, le reconocen- tal grado de invalidez. Y se recuerda que al olor de las cuantiosas indemnizaciones acordadas en la sentencia de la colza para los afectados -540.000 euros para los grandes inválidos- floreció la picaresca, y se llegó a detectar que algunos espabilados pretendieron colar como aceite de colza, vegetal, garrafas con aceite mineral, es decir, el de los coches.

La cuestión no es si la reclamación de Luque es justa o no, ni si a los ojos de la sociedad es más veraz por plantarse con una tienda de campaña frente a la Zarzuela, sino que el Monarca no puede hacer nada.

De hecho, tras más de una semana acampado, los servicios de seguridad le han convencido de que allí no hay nada que hacer y que es mucho mejor que proteste donde le puedan hacer caso como por ejemplo frente al Palacio de la Moncloa, donde ahora se ha instalado.

Cuando un ciudadano realiza una petición al Rey, el trámite habitual es dar traslado de la carta o del expediente de que se trate al ministerio correspondiente para que desde la Administración se dé respuesta a la petición, notificando la gestión realizada al interesado.

Sin embargo, en el caso de Luque, al tratarse de una intercesión ante los tribunales, la Casa del Rey no debe siquiera dar traslado de la carta a la Audiencia Nacional porque el Rey no puede interferir en el curso de la justicia. Su papel constitucional en esa materia queda limitado a ejercer el derecho de gracia, es decir, a firmar los indultos.

Ya no ha lugar para la justicia de la tienda de campaña y lejos queda el siglo de oro en el que el papel del Rey dio lugar a dramas y comedias. Algunos nostálgicos lo echarán de menos, como el que se pudiera recurrir a últimas instancias de ese tipo.

Pero ni estamos en el siglo de oro ni son buenos tiempos para el romanticismo, con lo que las monarquías han supuesto para el romanticismo; porque convendrán conmigo en que nunca será igual decirle a tu pareja "¡mi reina!" que "¡mi presidenta de la República!".