Las asociaciones de jueces mantienen la protesta para el 18 de febrero

Las asociaciones de jueces mantienen la protesta anunciada para el 18 de febrero y la convocatoria de huelga para el 26 de junio tras la reunión mantenida este lunes con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a pesar de la promesa de Bermejo de sumar 20 millones de euros a los 72 millones destinados a la modernización de la Justicia. Según los magistrados, consideran "vigente a todos los efectos" el documento en el que planteaban las movilizaciones.

Así lo ha asegurado a los periodistas el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, que junto a representantes de Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) se ha reunido hoy con Bermejo para estudiar las reivindicaciones de la carrera judicial. Aunque los magistrados han renunciado a sus exigencias retributivas, han asegurado "que la situación no está resuelta".

La reunión, que se inició a las once de la mañana, tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 12, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además los jueces proponían sustituir la convocatoria de paros prevista para febrero por actos reivindicativos de menor intensidad.

No obstante, tanto las asociaciones como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.

Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en ocho puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares. Además, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial.

El mantenimiento de las protestas de los jueces podrá afectar también al pacto de la Justicia que firmaron hace seis meses el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. El portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, ya había asegurado que si este lunes no se llegaba a un acuerdo sobre las reivindicaciones de los magistrados, el PP daría por roto el acuerdo.