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La Audiencia Nacional investiga una intoxicación con 119 muertos

Centenares de panameños perecieron envenenados por un jarabe expectorante - La empresa farmacéutica importó el compuesto adulterado desde China

El jarabe para la tos envenenado que causó la muerte a centenares de panameños, muchos ancianos y niños, será investigado por la justicia española. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella presentada por las víctimas contra la empresa catalana Rasfer Internacional, SA, y su administradora Ascensión Criado Martín por el presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte.

El juez Ismael Moreno, a petición de la fiscalía, ha acordado tomar declaración en calidad de querellada a la representante de la empresa y mediante comisión rogatoria a las principales autoridades de la Seguridad Social de Panamá que en el año 2003 sacaron a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe expectorante que se distribuyó gratuitamente en 20.000 frascos por todo el país y causó una intoxicación masiva con el resultado oficial de, al menos, 119 muertos entre 2006 y 2007. Se investiga la muerte de otras 400 personas, cuyos cadáveres se están exhumando, que tomaron el jarabe y fallecieron a los pocos meses. La fiscalía de Panamá ha recibido 500 denuncias de familiares y hay miles de afectados.

El Gobierno asume 119 fallecidos, pero se investigan otros 400 más

El jarabe para la tos se repartió gratis a miles de familias sin recursos

La glicerina comprada por la empresa española en China y exportada a la Seguridad Social de Panamá contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol, tóxico para el consumo humano, que provocó a las víctimas fallos renales agudos, disminución de los niveles de orina, alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, somnolencia, afectación de pares craneales y nervios periféricos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema pulmonar, y otros síntomas con el resultado de muerte. Un envenenamiento masivo que se definió como síndrome de insuficiencia renal aguda y que convulsionó al país.

Alejandro Sanvicente, el letrado español que representa a las víctimas panameñas, describe en la querella una larga cadena de presuntas negligencias de la empresa española Rasfer Internacional, SA, con sede en Barcelona y dedicada a la importación, exportación, fabricación y transformación de productos químicos o farmacéuticos. Y apunta, también, a la responsabilidad de las autoridades sanitarias españolas por la ausencia de control en la exportación de estos productos farmacéuticos. "La falta de control por parte de las autoridades administrativas puede contribuir a que determinadas empresas realicen la distribución de sustancias tóxicas sin cumplir con su deber de diligencia y con absoluta impunidad, avocando el resultado a un fatal desenlace".

La Caja de Seguro Social panameña ofertó, en mayo de 2003, la compra de glicerina pura para la elaboración de medicamentos de uso humano. La adjudicataria de la licitación fue la empresa panameña Grupo Comercial Medicom que solicitó a la española precios de glicerina pura, así como el nombre del posible proveedor.

Según un escandallo de ofertas en poder de la fiscalía de Panamá, Rasfer Internacional SA, facilitó un precio por litro de 0,795 dólares USA (0,61 euros) y el nombre de la empresa española Quimidroga, pero finalmente compró el producto a la intermediaria china Cnsc Fortune Way Company a un precio superior y, según dice la querella, lo suministró, en septiembre de 2003, a Medicom "sin realizar previo análisis ni comprobación alguna del producto". Quimidroga asegura que nunca fue contactada por Rasfer y esta última afirma que no envió el citado escandallo a Panamá.

El producto llegó por mar al puerto panameño de Colón en 46 tanques o bidones que Medicom vendió como glicerina pura a la Caja de Seguro Social de Panamá. El grupo Medicom reetiquetó los bidones y modificó su fecha de caducidad, aunque no alteró su contenido. La querella destaca que el transcurso del tiempo no transforma este producto en tóxico y menos aún en dietilenglicol.

La Caja de Seguro Social panameña analizó el producto para determinar la calidad y pureza de la glicerina, pero no si contenía sustancias tóxicas. Elaboró el jarabe para la tos, expectorante sin azúcar antihistamínico, y distribuyó 20.000 frascos en el mercado farmacéutico. El producto envenenado se repartió gratis a las familias más pobres del país.

La avalancha de denuncias y fallecimientos provocó que la fiscalía hiciera un nuevo análisis, esta vez con mejores medios, en bidones todavía precintados y ahí apareció el veneno, la sustancia química dietilenglicol.

La querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional asegura que Rasfer, "en clara connivencia con el proveedor y el fabricante chino, obtuvo un producto a un precio muy inferior al del mercado y distinto al que oficialmente se recoge en la documentación de compra, falseando la realidad de la factura de compraventa con el único fin de obtener un mayor beneficio, sin importarle la calidad del producto a exportar y poniendo en peligro la salud de los consumidores panameños". La empresa española lo niega.

Las víctimas acusan a Rasfer Internacional SA de no comprobar que el producto que le suministraban desde Asia era el correcto, que no adolecía de impurezas y que era apto para el consumo humano. "Ni siquiera procedió a analizar una muestra del producto importado ni comprobó el certificado de análisis aportado por la empresa china... Se limitó emitir un certificado con su logo y sello dando por bueno el análisis del proveedor chino", dice la querella. El perito de las víctimas afirma que el certificado de análisis de la empresa española no es el que corresponde a un producto apto para la elaboración de medicamentos.

La defensa de Rasfer destaca que la legislación vigente en materia de exportación e importación no obliga a reanalizar el producto y esgrime un informe de la Agencia Española del Medicamento donde se afirma que su empresa se ajustó a la norma. El letrado de las víctimas responde en la querella que el certificado de análisis del proveedor chino era irregular y que la empresa farmacéutica española estaba obligada a comprobar si la mercancía que recibió era la que había pedido. "Debió proceder a la devolución del producto importado o en todo caso reanalizar la supuesta glicerina... Exportó el producto venenoso dietilenglicol por una falta total de diligencia". Jesús Condomines, abogado de Rasfer Internacional, SA, declinó responder a las preguntas de este periódico.

Declararán altos cargos de Panamá

Ismael Moreno, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso, acuerda en el auto de admisión a trámite de la querella que se tome declaración a los principales responsables de la Seguridad Social de Panamá que tuvieron alguna relación con la compra de los 9.000 kilos de glicerina con la que se fabricó el jarabe asesino.

Además de interrogar a Ascensión Criado Martín, administradora de Rasfer Internacional, SA, y a Joseph María Rovira, director de control de calidad de la empresa en el momento de la compra, la justicia española tomará declaración a Magister Jessica Rodríguez, directora Nacional de Compras y Abastos de Panamá; René Luciani, director de la Caja de Seguridad Social; Narciso Solís, director Nacional de Farmacias; al director de laboratorio de la Caja de Seguro Social de Panamá; Rasfer Internacional, SA, se presenta en su página web como una empresa de capital español y con 30 años al servicio de la industria farmacéutica. La empresa asegura que no cobró el suministro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de enero de 2009

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