Bancos y cajas consideran improvisado el plan de comprar pisos a parados

La pretensión del Departamento de Vivienda de recomprar pisos libres y protegidos a los parados afectados por la crisis para realquilarlos en ellos y evitar su desahucio ha pinchado en hueso. Y ese hueso lo forman el sector financiero (los bancos y las cajas de ahorros), que tacha las medidas de "improvisadas", y el propio Gobierno, cuya portavoz, Miren Azkarate, dudó del proyecto tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, al día siguiente de que la consejería lo presentase y se pudiera debatir largo y tendido en la reunión del Ejecutivo. Y es que el papel de los bancos y cajas resulta decisivo para que el plan del consejero Javier Madrazo llegue a buen puerto.

"Disponemos ya de la norma y el dinero", sostiene la consejería

"Parecemos los malos si no entramos en el plan", se quejan las cajas

El departamento anunció su disposición a cancelar las hipotecas de los pisos que no estén escriturados en más de 275.000 euros, previa renuncia por el banco o caja a cobrar el 20% del crédito pendiente de amortización, los intereses y cualquier comisión por cancelación anticipada del crédito. La dificultad estriba en que debe ser el propio dueño del piso que se encuentre en paro quien renegocie esta renuncia con su banco o caja.

El problema llega cuando las principales entidades financieras se han enterado de todo el entramado el mismo lunes, cuando Madrazo presentó públicamente el plan. Hasta ese momento, ni bancos ni cajas sospechaban que la consejería se iba a descolgar con una petición semejante. Y eso que las cajas participan en los consejos de administración de varias sociedades públicas de la consejería, como Visesa, la principal promotora de pisos protegidos de Euskadi.

Fuentes de las cajas reconocen que en alguna ocasión escucharon al consejero durante los consejos de administración de esas sociedades apuntar que algo había que hacer para evitar los desahucios, pero sin ir más lejos. "Nos hemos desayunado con una propuesta que nos deja como los malos de la película si no entramos en el plan. Madrazo ha descargado en cajas y bancos toda la reponsabilidad y en ningún momento ha venido a plantearnos algo de manera oficial que se pueda consensuar", añaden estas fuentes.

Desde otra entidad financiera incluso se duda de que el consejero se halle en condiciones de poder cumplir con su parte si es que las cajas y bancos dan su visto bueno final. "Da la impresión de que todo se ha improvisado sobre la marcha y así resulta muy complicado llegar a un acuerdo", indican estos medios. Algunas entidades ya han puesto en marcha diferentes medidas internas para resolver la situación de sus clientes en mayores apuros.

Frente a las críticas del sector financiero, en el propio Ejecutivo y de la oposición, Vivienda intentó ayer despejar todas las dudas. El plan es de "aplicación inmediata", no precisa de la intervención del Consejo de Gobierno porque no es necesario aprobar un nuevo decreto (se sustenta en la normativa vigente) y responde "a un proceso de análisis, reflexión y consenso". Así de contundente se expresó la consejería en un comunciado. "Se consensuará un protocolo o convenio de actuación con las entidades financieras en un plazo de 15 días que servirá para ofrecer información del programa a la ciudadanía y uniformizar los criterios de coordinación entre entidades y Gobierno", precisa.

"Disponemos ya de la normativa y el dinero necesario para atender las peticiones que nos lleguen de compra de vivienda libre para realquilársela a sus dueños en paro" y evitar así el embargo, apunta la consejería.

Con esta firmeza, Vivienda intenta despejar todas las dudas que se han creado, enterrar las acusaciones de que su plan es "una ocurrencia electoral" a poco más de un mes de los comicios y deja en situación comprometida a cajas y bancos. "Las entidades financieras deben actuar por compromiso social y por interés propio", advirtió el consejero el lunes. Las medidas pueden actuar como "salvavidas financiero" si el número de parados se incrementa y lo hace de forma paralela la morosidad.

Los requisitos para acceder al programa son estar en paro como mínimo durante los tres últimos meses, que la vivienda sea la residencia habitual, sin que exista otro piso en propiedad, y que los ingresos no superen los 22.000 euros brutos ponderados (en función del número de miembros de la familia) en los últimos 12 meses.