Ortega gobierna a golpe de decreto

El presidente Daniel Ortega parece decidido a gobernar Nicaragua por decreto. Ortega recurre a una vieja práctica empleada en su primer Gobierno, en los años ochenta -cuando conducía de forma autocrática una nación aplastada por la guerra-, que consiste en usurpar las facultades de la Asamblea Nacional y saltarse la Constitución para aprobar las leyes que considera necesarias para el funcionamiento de su cuestionada Administración. Ya sea para controlar a la policía, intervenir una empresa de gas o autorizar la llegada de buques de guerra rusos, el presidente de Nicaragua no para de firmar decretos.

El más reciente exige al Ministerio de Hacienda la aprobación de las enmiendas al Presupuesto de Nicaragua, paralizadas por los diputados opositores en la Asamblea Nacional como presión al Gobierno para que declare nulas las elecciones municipales del 9 de noviembre, denunciadas como fraudulentas. La acción, que la oposición y los analistas independientes han tachado de "ilegal", ha echado más leña al fuego de la crisis política que sufre el país más pobre de Centroamérica.

"No puedo permanecer impasible viendo a los diputados no sesionar porque no les da la gana", dijo Ortega. "No hay argumento sólido para no aprobar las reformas al Presupuesto. Lo más dictatorial que puede pasar es que los diputados actúen negándole al pueblo los fondos". Así, el mandatario, en una misiva de dos párrafos, ordenó al ministro de Hacienda, Alberto Guevara, que incorporara al Presupuesto las enmiendas del Decreto 78-2008.

No era la primera vez que el presidente lo hacía. En noviembre pasado, mientras la violencia y el caos imperaban en las calles de Nicaragua, Ortega ordenó, a través de un decreto, que el Consejo Supremo Electoral declarara legítimos los resultados de los comicios de noviembre, en momentos en que la oposición, la Iglesia católica y la sociedad civil denunciaban un "gigantesco fraude electoral". Según esos resultados, el partido de Ortega, el Frente Sandinista, obtuvo 105 de las 146 municipalidades en disputa. Una cifra aplastante y necesaria para Ortega, ansioso de legitimar su Gobierno en momentos en que las encuestas le dan una aprobación de apenas el 20%.

Ortega ha usado su poder para atribuirse facultades que no le corresponden, según la Constitución. El mandatario, por medio de sus decretos, pretende incrementar su influencia en la Policía Nacional, destituyendo a colaboradores cercanos a la directora de la institución, la popular Aminta Granera, y ascendiendo a oficiales supuestamente leales al Gobierno. Esa decisión ha dividido a la policía, que se debate entre los afines a Granera, que defienden la profesionalidad alcanzada por la institución tras la transición democrática de 1990, y aquellos que quieren congraciarse con el presidente con la vista puesta en el reemplazo de Granera.

Incapaz de lograr consenso con la Asamblea Nacional, Ortega ha usado decretos para establecer el estado de emergencia económica y así intervenir una empresa distribuidora de gas butano, con el fin de regular la comercialización del producto. En diciembre, emitió el Decreto 77-2008, con el que autorizó la llegada a las costas nicaragüenses de tres buques de la Fuerza Naval de la Federación de Rusia. Los diputados opositores reaccionaron furiosos ante esa intromisión del presidente y exigieron a la Embajada rusa la retirada de los buques, cuya presencia, dijeron, violaba la soberanía nicaragüense.

Expertos como el constitucionalista Gabriel Álvarez insisten en que el presidente no puede ratificar, declarar o suspender leyes, funciones básicas de la Asamblea Nacional. Para la escritora Gioconda Belli, "el problema no es que su Gobierno esté violentando libertades y espacios políticos, sino la supuesta voluntad de matar de hambre al pueblo de Nicaragua sólo porque 'el pueblo' (que él decide quién es) lo eligió a él".