Del diagnóstico a la acción

Que la situación del empleo en España es grave nadie lo pone en duda, por la contundencia de las cifras. Pero no podemos olvidar que en la década de los 80 la tasa de ocupados era tan sólo del 38,9% (10.472.200 trabajadores) y la de parados del 21,8% (2.716.100 trabajadores). Y a pesar de ello salimos adelante, con medidas dirigidas y otras sobrevenidas. Ahora, después de 15 años de viento de popa, nos ha pillado la tormenta con toda su crudeza. Se acabó la fiesta de crecimiento, pleno empleo, superávit público y consumo irresponsable. Y ya estamos en los tres millones de parados, camino de los cuatro a lo largo de 2009. ¿Y qué hacemos? Con cierta perplejidad tengo la sensación de que ninguno de los responsables en la cuestión están sentados a la mesa para tomar las medidas oportunas. Mucho diagnóstico y poca acción.

¿Y qué se puede hacer? Sería frívolo decir que la solución es ésta o la otra, sin más. El tema es complejo y las soluciones varias y paliativas.

Yo creo que hay que actuar como actúa el médico ante un accidentado grave. Primero, detener la sangría, estabilizarlo, y segundo, curarle.

Pues bien, la primera acción es la que podríamos denominar emergente. En esa línea las reformas que desde 1980 se han hecho en España nos demuestran que la creación de empleo se ha dado con una reactivación económica y con medidas legislativas urgentes, cuando la crisis arreciaba.

Por tanto hay que poner todo el énfasis en la inversión pública y en la inversión privada creadoras de empleo. La pública ha de llegar a los yacimientos de empleo y no quedarse en los intermediarios. Y respecto a la privada es fundamental que haya estímulos fiscales potentes para que la inversión emprendedora se anime. Sólo con el ahorro en la prestación de desempleo y con los ingresos que genera la actividad productiva, ya compensaría esa política fiscal o incluso la mejoraría en lo cuantitativo.

En cuanto a las medidas legislativas las únicas que han creado empleo, en época de crisis, han sido los contratos de fomento para el empleo (1984) y los de fomento de contratación indefinida con indemnización de 33 días por año en caso de despido (1997).

Se podrá decir que son menos sociales que los contratos clásicos, pero desde luego si son eficaces cara al empleo y además razonables, no parece que deban rechazarse sin más. Y sigue el eterno tema, tras las muchas reformas laborales habidas de por qué sigue siendo entre nosotros una asignatura pendiente la estabilidad en el empleo. Somos los campeones europeos en la temporalidad laboral y hay que preguntarse seriamente de por qué es así: ¿Es que los empresarios españoles aborrecen de modo genético la fijeza laboral? o ¿es que el empresario español lo que teme es la dificultad y el coste de la terminación de los contratos? Es un tema que hay que abordar en toda su profundidad pues llevamos casi treinta años mareando la perdiz.

Pues ahora lo que hay que hacer de modo emergente es buscar fórmulas más flexibles de contratación durante un período determinado. Contratos de empleo, tiempo parcial más flexible, teletrabajo, etc... Asimismo podría contemplarse el establecimiento por convenio colectivo de modelos de contrato de "trabajo intermitente" o "trabajo por llamada". Este tipo de trabajo se encuentra admitido expresamente, con determinados requisitos y atemperaciones, en la legislación laboral comparada. Pueden valer como ejemplo el art. 4 de la Ley alemana de Fomento del Empleo de 26 de abril de 1985 y el art. 212 del Code de Travail francés. El fundamentar la creación de empleo sólo en las subvenciones es caro e ineficaz, puesto que nadie contrata a quien no necesita, aunque le den una prima.

Más tarde tiempo habrá para las reformas estructurales, pero sería irresponsable no ponerse ya a la tarea. Y en esa línea entiendo que las reformas no han de basarse -como frecuente y erróneamente se hace- en el despido. El despido en España libre, ya lo es, puesto que, salvo casos excepcionales, si quiero despedir lo hago sin tener que readmitir. Lo que pasa es que resulta muy caro. El más caro de Europa. Por tanto no pasa nada con discutir ese tema. Pero aparte del coste se pueden pensar en otras fórmulas, como podría ser (y algo así se ha hecho en Austria) la creación de un Fondo de Garantía de Despidos (FOGADES) que haría frente al pago de las indemnizaciones. Con independencia del despido hay, como digo, otros temas trascendentales para la reforma estructural, que no es ahora momento para abordarlos. Lo importante es que en la situación que estamos, al menos de modo emergente se pongan el Gobierno y los agentes sociales a discutir medidas que paren este horror del paro.

Juan Antonio Sagardoy es catedrático de Derecho del Trabajo.