Tribuna:LA CUARTA PÁGINATribuna
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Carta a los Reyes Magos

Los combatientes, de uno y otro lado, pusieron en tierras del Ebro una placa con la inscripción: "A los que perdieron la guerra, que fueron todos". La Transición, en cambio, la ganamos todos, y es necesario recordarlo

Queridos Reyes Magos: A no pocos españoles puede que les parezca sensato pedirles a Sus Majestades de Oriente que les obsequien con la Memoria Histórica que llenó la Transición, una Memoria que ha demostrado ya con sobrada eficacia su capacidad para asegurar la concordia entre todos nosotros.

Un buen método para abordar estos siempre difíciles asuntos hubiera sido que el presidente del Gobierno solicitara la bien fundada opinión que podrían dar las muchas y valiosas personalidades que protagonizaron la Transición.

Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Jordi Pujol, Xavier Arzalluz y los fallecidos Tarradellas y Ajuriaguerra constituyen un conjunto excepcional de personas, en un momento excepcional e irrepetible. De otra parte, el ya largo período presidido por la Constitución ha aportado gentes admirables, patrimonio de todos, que han estado al frente de nuestras Instituciones Nacionales y de nuestras Comunidades Autónomas y que han merecido confianza y ejercido su oficio de tal modo que ha afianzado nuestra convivencia.

Adolfo Suárez consiguió en 200 días lo que ningún Gobierno logró durante dos siglos
"Que nunca más vuelva el espectro del odio a recorrer la tierra española", se dijo en 1986

A mí me gusta imaginar que, a veces, estos políticos se reúnen para tratar asuntos relacionados con el bien común y que, en tales reuniones, participan incluso quienes han pasado a la otra vida, en la que siguen ocupándose de política de modo que, al hacerlo, nos ayudan.

A partir de aquí, parece conveniente reconocer que, en un tema como este, que afecta a los sentimientos de los españoles y respecto del cual, una mitad de nuestros compatriotas puede discrepar con similar fundamento de la otra mitad, hubiera sido bueno que el señor presidente del Gobierno hubiera convocado una reunión monográfica de tales políticos sobre el tema.

En esta reunión, todos ellos, con rara unanimidad, dirían que la amnistía de octubre de 1977 fue hija, e hija predilecta, de la Memoria Histórica. Coincidirían también en que, aunque no fueran millares los muertos de la guerra que no dispusieran todavía de la debida digna sepultura en tierras españolas, aunque fuera uno sólo, ese caso estaría clamando ante las conciencias de todos y debería, inexcusablemente, resolverse.

Y cuando en esa reunión se hablara de la necesidad de ensalzar a los perseguidos, encarcelados y asesinados en la Guerra Civil y en esa parte del franquismo que fue una dictadura dura y cruel, debería atenderse al comentario de Jordi Pujol, que reiteraría que algunas de las víctimas de la represión franquista fueron antes verdugos y que hubo en Cataluña tantas o más víctimas "de misa y de derechas" que las que luego se produjeron.

También se le podría comentar a Manuel Chaves, ceutí, que no estaría de más que la Junta de Andalucía corrigiera alguna de las disposiciones que ha elaborado al respecto a fin de que no discriminara entre víctimas "fallecidas" y víctimas "asesinadas", según fuera la mano que en cada caso las llevara a esa condición.

Es probable que, al oír estas cosas, Arzalluz, si se encontrara presente, no dejara de asentir, aunque no pasaría de tan tenue compromiso.

Y cuando se hablara de las responsabilidades de los gobernantes, alguien podría argumentar, desde los propios principios de la Ley, que, lógicamente, sólo otorgan capacidad para juzgar la Democracia, que si se abriera causa para depurar las responsabilidades de las Juntas Militares constituidas por quienes se sublevaron o de los primeros gobiernos franquistas, habría que hacerlo, también, en paralelo, para depurar aquellas en las que incurrieron dirigentes republicanos. Y el emérito presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, después de consultar con su colega Tomás y Valiente, víctima mortal del terrorismo, dictaminaría que estas Causas están cerradas.

La exaltación de las víctimas sólo puede hacerse, asimismo, desde la autoridad moral de la democracia, pero también en esto habría que actuar con prudencia, para no reiterar el poco edificante espectáculo de aquellas esquelas de uno y otro lado que se han podido ver recientemente y que más bien servían para identificar verdugos que para exaltar a los muertos.

Prudencia ésta que debería aplicarse a canonizaciones y beatificaciones. Al fin y al cabo los méritos de todos bien los sabe Dios. Como las nuevas tecnologías inalámbricas facilitan las cosas, una conversación entre los Cardenales Tarancón y Rouco podría resultar utilísima al efecto.

Ante estas cosas, los combatientes de uno y otro lado que, en tierras de la batalla del Ebro, pusieron una placa en la que puede leerse: "A los que perdieron la guerra, que fueron todos", es muy posible que dijeran que fue paradójico que una guerra la perdieran vencedores y vencidos, que la Transición, en cambio, la ganamos todos, y que la Reconciliación bien merece que se la considere victoria compartida.

En esa reunión también se discutiría si la amnistía fue o no una amnesia, o si en la Transición nos olvidamos de la Guerra Civil. La verdad es que la tuvimos bien presente para no repetirla. Y si se preguntara a quién se debió que, en un momento dado de la Transición, quedaran las cárceles vacías de presos políticos y el mundo, de exiliados españoles, es más que posible que Gregorio Peces-Barba tendiera a creer, desde la más acendrada buena fe, que España debía agradecérselo a un Parlamento presidido por Julián Besteiro.

Como a esa entrañable reunión por desdicha no podría asistir Adolfo Suárez, cabe suponer que Landelino Lavilla, tras haber recibido una celestial llamada de Gabriel Cisneros, aclararía al bueno de Gregorio que fue Adolfo, aquel muchacho de Cebreros, quien alcanzó a conseguir, en doscientos días de gobierno, lo que ningún otro Gobierno había conseguido en los dos siglos anteriores. Peces-Barba, sin dificultad, acabaría reconociendo esa verdad entera y verdadera.

Y cuando Santiago Carrillo pidiera que los beneficios de la Ley se aplicaran a los "resistentes armados", puede que se encontrara con la memoria de las gentes que saben que, además de resistencia, hubo sobre todo, al final de los maquis, no poco de bandidismo. Y cuando defendiera a las Brigadas Internacionales, podría recordársele que en ellas hubo mucho de generosa aventura democrática, pero también de actuaciones nada democráticas.

Y como a veces es necesario que alguien diga verdades como puños, es fácil que Manuel Fraga le contestara a Carrillo: "Hombre, Santiago, todos admiramos tu papel y el del Partido Comunista en la Transición. Vosotros estuvisteis siempre en el antifranquismo, aunque no siempre, como alguno de nosotros, en la democracia. En todo caso, pelillos a la mar, porque las posibilidades que abre la Ley son para los hijos y los nietos de maquis y brigadistas". Bien es cierto que se habría impuesto la suavidad de Fraga a la contundencia de Iribarne por celestial consejo de Pío Cabanillas.

Como esta reunión debería terminar con la emisión del habitual comunicado, no parece imposible que se manejara uno que dice: "Que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa, vuelva el espectro del odio a recorrer la tierra española, ensombrecer nuestra conciencia y destruir nuestra libertad". Y es probable que Fernando Álvarez Miranda, sobre cuya recta intención no cabe duda, a la vista de este Comunicado, se lo atribuyera a la Conferencia Episcopal, seguro del acierto que preside las actuaciones de nuestros Obispos.

Ante esta atribución, Felipe González contestaría, sin acritud, que tales palabras no figuran en una declaración de los Obispos españoles sino en la que el Gobierno de su Presidencia formuló el 18 de julio de 1986, con ocasión del 50º aniversario del inicio de nuestra incivil guerra.

Y como la política, actividad tan denostada, suele producir a veces situaciones hermosas, permitirán Sus Majestades que imaginemos que el presidente del Gobierno, que, como todo gobernante, tiene mucho que decidir, pero también mucho que ceder, asiste a esta reunión profundamente interesado, en el más elevado grado de permeabilidad. Y que, tras haberlos oído a todos, quizá rectificase alguna de sus actitudes, aunque no sus objetivos.

Y si alguna duda le quedara al respecto, siempre podría consultar al colega de Sus Majestades, al Rey Juan Carlos, que mucho sabe de esto, pues no en vano nació en Roma por culpa del exilio puñetero.

Rodolfo Martín Villa, presidente de Sogecable, fue ministro durante la transición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 02 de enero de 2009.

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