Caen los precios, suben los servicios

Todo sube menos los precios. Esta aparente paradoja resume el dilema al que se enfrentan las economías domésticas con el nuevo año. La crisis y la caída en picado del consumo empujará a la baja el índice general de precios (IPC) que, por primera vez desde 1998, puede estar por debajo del 2%, el objetivo del Gobierno. Pero las tarifas de los principales servicios básicos volverán a dispararse.

Acuciadas por el déficit, las distintas administraciones -central, autonómica y, sobre todo local- han decidido que les importa más salvar sus cuentas que ayudar a superar la crisis a sus administrados, y aplican desde ayer subidas de impuestos, tasas y servicios muy por encima de la inflación y propias de épocas de bonanza.

El coste de las hipotecas seguirá bajando gracias a la caída del Euríbor

Como denuncian las organizaciones de consumidores, el resultado final de estas actualizaciones es un castigo a los bolsillos más maltrechos. Sólo el aumento de los servicios básicos como la luz, el agua, el transporte y algunas tasas puede suponer nueve euros más mensuales, o una subida de 108 euros al año, según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes.

El transporte público está a la cabeza de esas subidas. A los 22 millones de pasajeros que utilizan el servicio de Cercanías de Renfe les costará un 6% más. Tampoco se libran los que elijan el metro o el autobús. Los bonos de 10 viajes (los más usados) en las principales capitales suben casi todos entre 50 céntimos y más de un euro, con alzas que en algunos casos -como en Sevilla- suponen un 20% de aumento.

Los que utilicen el coche para sus desplazamientos diarios tendrán al menos el consuelo de que la gasolina y el gasóleo mantendrán sus precios estables o incluso bajarán, aunque las autopistas de peaje también suben un 4,5% de media.

Uno de los aumentos más controvertidos será el de la luz. Desde ayer, el recibo del consumidor medio sube un 3,5%. Probablemente no será la única subida del año. El Ministerio de Industria ha pactado con las eléctricas -en un acuerdo no desvelado- futuros incrementos que podrían encarecer el recibo en más de un 20% en los próximos tres años. Para compensar la factura energética, bajan el gas y el butano, pero la caída no refleja el desplome que han experimentado la cotización de las materias primas.

En materia impositiva, los ciudadanos también tendrán que tentarse los bolsillos. El mayor ataque provendrá de los ayuntamientos. Las corporaciones tienen las arcas vacías y una vez agotado el filón inmobiliario sólo les queda apelar al contribuyente para tapar sus agujeros. El Ayuntamiento de Madrid, con la mayor deuda municipal de España, es todo un ejemplo de esta política recaudatoria: sube un 12% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un 5% el estacionamiento y el transporte público y resucita la tasa de basura que se había incluido en la contribución.

Hacienda será un poco más generosa con el contribuyente. No actualizará de acuerdo con la inflación la tarifa ni los mínimos personal y familiar en el IRPF, con lo que recaudará 1.000 millones de euros. A cambio, mantiene la desgravación de 400 euros, anticipa la deducción de compra de vivienda en las nóminas, y elimina el impuesto de patrimonio para casi todas las familias.

Para los propietarios de una vivienda, hay buenas y malas noticias. La buena es que el Euríbor seguirá bajando, con lo que lo harán también los intereses de las hipotecas a medida que se vayan revisando. La mala es que también seguirá cayendo el precio de la vivienda, es decir, que los propietarios serán menos ricos, aunque los que busquen un piso lo tendrán mucho más fácil, siempre que consigan que el banco les preste dinero. Porque las entidades financieras seguirán restringiendo el crédito pese a las ayudas y los avales del Estado.