Cambios en el IRPF
La reforma de 2007 trajo cambios significativos en el impuesto sobre la renta. Es la reacción del Gobierno ante el deterioro económico lo que ha incorporado modificaciones significativas, al hilo de lo que han hecho también otras grandes economías para tratar de combatir la crisis con la política fiscal.
El Ministerio de Economía decidió que esta vez no actualizará la tarifa ni los mínimos personal y familiar con una subida del 2% (la inflación prevista). Eso quiere decir que el aumento de ingresos para mantener el poder adquisitivo penalizará fiscalmente al contribuyente. El Gobierno estima que recaudará unos 1.000 millones de euros más sólo por no deflactar la tarifa del impuesto.
El Gobierno trata de frenar el deterioro económico con la política fiscal
En el otro lado de la balanza, Economía pone las dos nuevas deducciones que se arrastran desde el año pasado. La desgravación de los 400 euros para todos los trabajadores y pensionistas (unos 5.600 millones de euros de ahorro para los contribuyentes en total) y el cheque bebé de 2.500 euros (unos 1.000 millones más). Además, se anticipará la deducción por compra de vivienda en las retenciones de la nómina.
La otra gran noticia fiscal de 2009 es la eliminación del impuesto de patrimonio, que grava los bienes o derechos de un millón de contribuyentes a partir de 108.182 euros. Las numerosas exenciones limitaban la recaudación de este impuesto -que grava, en principio, a las rentas más altas- a unos 1.500 millones al año.
El Gobierno también ha decidido aplazar la subida en el impuesto del gasóleo. La Unión Europea obliga a que el tributo sobre hidrocarburos aumente un 9,3% antes de 2012 para armonizar ese impuesto, pero Economía ha optado por dejar los incrementos necesarios para más adelante, dada la caída del consumo que ha traído la crisis económica.
El pasado año se cerró también la segunda parte de la reforma del impuesto de sociedades, iniciada en 2007. Dentro de este mismo impuesto, en 2008 se amplía el ámbito de las deducciones fiscales por I+D+i, ya que a partir de este año se aplicarán también a las empresas que realicen más del 25% de su actividad de investigación en otro país de la Unión Europea (UE) o en el Espacio Económico Europeo.
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