"Tirado incumplió el mandato de hacer ejecutar lo juzgado"

Hablar en nombre de un órgano que toma decisiones contrarias a tus convicciones más profundas no debe ser un trabajo cómodo. A la fiscal Gabriela Bravo Sanestanislao (1963, casada y con tres hijos), vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, le ha tocado estos días la tarea más ingrata: explicar la decisión, a la que se opuso, de saldar con una multa de 1.500 euros las negligencias del juez Rafael Tirado, que dejó sin ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago Del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz.

Pregunta. ¿El anterior Consejo del Poder Judicial se despidió con un descrédito importante por su excesiva politización y el nuevo, con sólo tres meses de mandato, ya carga con un cierto descrédito por su excesivo corporativismo? ¿Qué ha pasado?

"Una reforma legal no es oportuna y puede confundir al ciudadano"

"No tengo problemas de conciencia. Respeto la decisión legalmente adoptada"

"La justicia no está ahora peor que nunca. Ahora no es momento de huelgas"

"Hay una justicia de segunda en pueblos, con problemas hasta de insalubridad"

Respuesta. No tengo esa percepción ni la comparto. En estos tres meses, este Consejo ha trabajo de forma muy intensa. Hemos aprobado un plan de medidas de actuación inmediata y otro de modernización, con soluciones a corto y medio plazo. Hemos adoptado medidas urgentes de refuerzo para atender aquellos órganos o jurisdicciones más colapsadas o en vías de saturación, como los mercantiles. Hemos puesto en marcha juzgados de guardia exclusivos de violencia sobre la mujer en las grandes ciudades. Hemos aunado esfuerzos para intentar vincular a otros poderes del Estado, al Ministerio de Justicia, a las comunidades, para que se pongan manos a la obra en esta necesaria modernización de la justicia. Nos hemos reunido con todos los estamentos implicados, con todas las asociaciones de jueces. Hemos creado grupos de trabajo que elaborarán con la Inspección un nuevo modelo de definición de cargas de trabajo, herramienta clave para definir las tareas que los jueces han de asumir y para la reorganización de la demarcación judicial. Si este Consejo se merece un calificativo es el de ser muy activo, comprometido con la mejora y modernización de la Justicia.

P. ¿Es normal que el Consejo se divida entre vocales jueces y vocales no jueces cuando se trata de resolver el expediente disciplinario al juez Tirado?

R. Se suscitó un amplio debate jurídico sobre la tipicidad de la actuación omisiva del magistrado Tirado en el ejercicio de sus funciones. Y el Pleno, por amplia mayoría, acordó confirmar la resolución adoptada por la Comisión Disciplinaria que calificaba la actuación del magistrado como falta grave por apreciar un retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones, rechazando la ponencia con propuesta de falta muy grave de desatención que defendió el vocal Félix Azón.

P. ¿Cómo se lleva ser portavoz de un órgano que toma decisiones opuestas al criterio que usted defiende? ¿Tiene problemas de conciencia?

R. No tengo problemas de conciencia ni de ninguna clase. Asumo el carácter institucional de la figura de portavoz. Estamos en un Estado de Derecho obligados a respetar las decisiones legalmente adoptadas. El Consejo es un órgano colegiado en el que la mayoría de los vocales ha adoptado una decisión y como portavoz del Consejo tengo que trasladarla a la opinión pública. Como vocal del Consejo podré explicar mi posición a través del voto particular.

P. Explíquela. ¿Por qué votó a favor de la falta muy grave y la suspensión del juez Tirado?

R. Porque del examen de los hechos entendí que el juez Tirado no cumplió una obligación fundamental, que la Constitución establece en su artículo 117, que es hacer ejecutar lo juzgado. Creo que la función de los jueces no acaba en una sentencia. Después de la firmeza de la sentencia, la ejecutoria estuvo paralizada más de dos años. A pesar de haber tenido conocimiento de que los imputados no habían comparecido a la primera citación, no se adoptaron las medidas necesarias para que la sentencia se ejecutara. Se omitió una obligación legal, inexcusable e ineludible, de acordar el ingreso en prisión y el auto de busca y captura. Quiero recordar a quienes invocan desde alguna asociación de jueces nuestro desconocimiento de la realidad judicial que precisamente los vocales que anunciaron el voto particular son fiscales y abogados, todos ellos perfectos conocedores de las deficiencias que afectan a la Administración de Justicia.

P. El PSOE ha acusado al Consejo de defraudar la confianza del Parlamento y de tener un tufo corporativo. ¿Qué opina?

R. Sobre las declaraciones de políticos y de cualquier ciudadano le diré que las respetamos profundamente, las asumimos desde el convencimiento de que el Consejo adoptó una decisión basada estrictamente en fundamentos jurídicos y no corporativos. Nuestras decisiones están sometidas al escrutinio público.

P. ¿Qué le ha parecido la reacción de Zapatero, que anuncia reformas legales para que esto no vuelva a ocurrir?

R. Soy partidaria de que las reformas se anuncien en climas de sosiego, tranquilidad y reflexión, para no dar la imagen de que en este país siempre se legisla a golpe mediático. Anunciar una reforma en materia disciplinaria al tiempo que se airea la total discrepancia con la resolución adoptada por el Consejo en el ejercicio de sus facultades disciplinarias no es oportuno y puede confundir al ciudadano. Creo que es muy importante respetar los tiempos para que la independencia y separación de los tres poderes del Estado sea visible.

P. ¿Está la administración de Justicia peor que nunca?

R. Lleva muchos años en una situación obsoleta, de carencia de medios y con unos procedimientos judiciales que necesariamente precisan una modificación y adecuación a lo que el siglo XXI nos depara. No creo que esté peor que nunca, llevamos muchos años soportando una justicia lenta, poco ágil.

P. ¿Tienen los jueces derecho de huelga?

R. El Consejo se ha pronunciado en el sentido de no entrar en el debate jurídico, que es muy amplio si atendemos a la doble condición del juez como persona individual y miembro del tercer poder del Estado, como es el Judicial. Los jueces deben entender que precisamente por ser el Poder Judicial han de buscar un cauce mucho más armónico. Una huelga produciría graves menoscabos en valores como la libertad, la justicia y la seguridad y graves quebrantos a los ciudadanos. No es el momento de huelgas. La sociedad no lo entenderá.

P. ¿En sus visitas por distintos órganos jurisdiccionales, ha encontrado razones para justificar tanta irritación?

R. En mi visita a los territorios de los que soy vocal en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha he podido observar una justicia de primera y otra de segunda. Es muy distinta la situación de los juzgados de capitales de provincia y la situación de los juzgados mixtos cuyas sedes están en los pueblos. Aquí la carencia de medios personales y materiales, incluso las condiciones de trabajo de jueces, secretarios y funcionarios, a veces hasta de insalubridad, son alarmantes. Y justifica una gran irritación. Pero yo me hago la pregunta ¿Por qué precisamente ahora la huelga? El anterior Consejo, en siete años, no se enfrentó a una polémica como la que ahora han puesto en marcha los jueces. Tenemos que asumirla pero hay que buscar medios más pacíficos, y vías más razonables.

P. Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial, comparecerá en el Congreso pero no hablará del caso Tirado. ¿No es una burla parecida a la de su antecesor, Francisco Javier Hernando, que ni siquiera aceptaba comparecer?

R. No es comparable. De hecho estaba prevista una comparecencia del presidente Dívar para explicar su programa de actuación. Para Dívar y cualquier vocal tiene que ser un honor comparecer ante las Cámaras legislativas. Respecto al asunto Tirado, la resolución no es firme, va a ser revisada por el Tribunal Supremo, órgano que él preside, y ello conlleva que no pueda dar muchas explicaciones sobre la resolución adoptada.