Todos para uno

Como D'artagnan y los tres mosqueteros, han reaccionado los vocales de extracción judicial, ampliamente mayoritarios en el Consejo General del Poder Judicial, en el caso del juez Tirado: todos para uno y uno para todos. En una actitud que no puede calificarse sino de ranciamente corporativista, se han opuesto a que el juez del caso Mari Luz fuera sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses. Era la solución intermedia propuesta por el instructor del expediente, algo más que la ridícula multa de 1.500 euros que le fue impuesta por el anterior Consejo, pero lejos de la suspensión de tres años reclamada por el ministerio fiscal y que apoyó con con gran enfado del estamento judicial la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El carácter gremialista y corporativo de la decisión se hace todavía más visible en esta ocasión por la línea divisoria que separa los 14 vocales opuestos a aumentar la sanción de los seis favorables a hacerlo. No ha sido, como es habitual, ideológica, según el origen partidario de su nombramiento o la asociación profesional de la que proceden, sino la pertenencia o no a la carrera judicial.

El caso del juez Tirado o el caso de la pequeña Mari Luz -tanto da pues ambos están inexorablemente unidos- deberían haber marcado un antes y un después en el funcionamiento del sistema judicial y muy particularmente en la asunción de responsabilidades por parte de los jueces. Pero parece que todo va a seguir igual, entretenidos los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial en dilucidar si mantener durante más de dos años sin ejecutar una sentencia condenatoria contra un pederasta es un mero retraso o una desatención. En este falso dilema se obvia la extrema y objetiva gravedad del hecho, sea cuál sea su encaje jurídico, así como el fuerte impacto social que produjo el asesinato de la pequeña Mari Luz. Aunque el asesinato no fuera efecto directo de la dilación, su posibilidad está inexorablemente unida a esa actuación judicial.

El Consejo General del Poder Judicial, o más exactamente su amplia mayoría de vocales jueces, no es que no se hayan dejado influir por la opinión pública y por determinadas corrientes políticas, como ha observado congratulándose el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, sino que han hecho gala de una insensibilidad social pasmosa, como si habitaran otro mundo.

No se comprende que el titular del órgano jurisdiccional comprometido en este caso no dé la cara, se esconda bajo el manto de los males de la justicia y no asuma la principal responsabilidad de fallos tan graves como los cometidos en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Lo sucedido con el juez Tirado demuestra la existencia de una grave laguna legal en cuanto a la exigencia de responsabilidades a los jueces. No puede ser que los titulares del juzgado o del tribunal sean los últimos responsables de su funcionamiento.