Jueces progresistas y conservadores se unen en el Consejo para salvar a su colega Tirado

La cadena de errores judiciales que dejó sin ejecutar dos años una condena de cárcel al pederasta Santiago del Valle, que después asesinó, presuntamente, a una niña de cinco años se saldará sólo con una sanción de 1.500 euros al responsable, el magistrado de Sevilla Rafael Tirado.

Así lo decidieron ayer la mayoría de los vocales jueces que forman el Consejo del Poder Judicial, que salvaron de la suspensión de empleo y sueldo al juez Tirado. Y es que la inmensa mayoría de jueces del Poder Judicial -salvo dos- cerraron filas para defender a su colega y dejaron en minoría a los otros representantes del consejo -juristas de "reconocido prestigio", fiscales y abogados- partidarios de una sanción más dura.

14 de los 21 vocales votaron a favor de mantener la multa de 1.500 euros

La Fiscalía del Estado anuncia que recurrirá la sanción ante el Supremo

Ante esta decisión reaccionó de inmediato el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que anunció que el Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para endurecer las penas por este tipo de conductas y que "no vuelvan a repetirse" casos como el del juez de Sevilla Rafael Tirado. El ministro Bermejo introduce así otro elemento de tensión entre el Gobierno y la judicatura, cuyas relaciones son ya están de por sí enconadas.

A favor de considerar los errores de Tirado como falta grave, castigada con una multa de 1.500 euros, votaron 14 de los vocales que son jueces -todos, salvo un vocal progresista y otro conservador, que rompieron el bloque-. A favor de considerar la actuación de Tirado como falta muy grave, y suspenderle con entre dos y seis meses, votaron siete vocales. Una vocal conservadora lo hizo a favor de que se retirara la multa al juez y quedara sin sanción, pero luego apoyó la decisión mayoritaria.

El juez Tirado no ejecutó durante dos años y nueve meses una sentencia firme de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que supuestamente acabó matando en enero de este año a la niña Mari Luz Cortés mientras disfrutaba de libertad por ese error del juez.

Durante el pleno del Consejo de ayer se dio un hecho inusual: los vocales jueces prescindieron de sus diferencias ideológicas (unos fueron elegidos por el PSOE y otros por el PP) y se unieron para salvar de la suspensión de empleo y sueldo al juez encargado de ejecutar aquella sentencia. Los vocales jueces desoyeron las peticiones de los líderes del PSOE y del PP, que habían pedido una sanción mucho más dura.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega llegó a decir que esperaba que le suspendieran por tres años. Y el ministro Bermejo tildó de "escasa" la sanción. Declaraciones como éstas provocaron una reacción corporativa de los jueces que han mostrado su malestar en juntas que son en realidad huelgas encubiertas.

La postura de mantener la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior Consejo fue casi unánime en el bloque conservador (lo que ayer trató el pleno eran los recursos del fiscal para endurecer esa sanción y el del juez Tirado para que le quitasen la multa). Lo llamativo fue que a la postura de los conservadores se sumaron cuatro de los nueve vocales progresistas del Consejo, todos ellos jueces.

Dentro del grupo progresista hubo una clara fractura. Cuatro vocales -la portavoz Gabriela Bravo (fiscal), Almudena Lastra (fiscal), José Manuel Gómez Benítez (jurista), y el citado Azón, que es juez- apostaron por la falta muy grave. En cambio, los vocales progresistas que apoyaron la multa de 1.500 euros fueron Miguel Carmona, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Manuel Torres Vela y Carles Cruz.

A la tesis de que había que suspender al juez se sumaron los dos vocales propuestos por CiU, Ramon Camp (jurista), y Margarita Uría (jurista), del PNV. Todos ellos eran partidarios de imponer seis meses de suspensión, lo que habría supuesto el traslado del juez una vez cumplida la sanción. Dentro del sector conservador, el vicepresidente De Rosa también se mostró a favor de la suspensión del juez, pero no especificó por cuánto tiempo. El único vocal juez y progresista que votó a favor de imponer a Tirado una sanción muy grave fue Félix Azón, que actuó de ponente del asunto. Defendió que la conducta de Tirado era una falta muy grave y que debería castigarse con la suspensión del magistrado sevillano. Azón intentó, sin éxito, que se impusiera al juez dos meses de suspensión.

Los demás, 14 en total, entre ellos el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, apoyaron ratificar la sanción de 1.500 euros.

En el bloque de los defensores de la multa todos son jueces, excepto el ex secretario judicial Antonio Dorado Picón y el ex subsecretario de Medio Ambiente y letrado de las Cortes, Claro José Fernández.

La vocal conservadora Concepción Espejel se mostró partidaria de aceptar el recurso del juez Tirado y revocar la sanción de 1.500 euros al entender que su actuación no había constituido ninguna infracción de carácter disciplinario. Pero luego se sumó a la mayoría. Los vocales progresistas que pretendían la suspensión del juez, al ver que se quedaban en minoría, anunciaron que formularán votos discrepantes en los próximos días.

Tras el pleno de ayer, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, rechazó "corporativismo" en el voto de los vocales jueces. Sostuvo que es una decisión "legal y sujeta a derecho", y explicó que la clave del "amplio debate" había estado en considerar si la conducta de Tirado podía calificarse de desatención grave o de retraso injustificado muy grave.

Los 14 votos de la mayoría impusieron que se considere una falta grave del artículo 418, apartado 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para estos vocales, la actuación de Tirado supone un "retraso injustificado de desatención leve", pero valoraron que Tirado cumple de sobra su carga de trabajo y que no había reiteración en su conducta.

Este punto es el que ahora quiere cambiar el ministro, ya que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con la decisión del Consejo. La reforma permitirá agravar una sanción de este tipo sin necesidad de que haya reiteración en la conducta del juez. El ministro Bermejo insistió en que la multa de 1.500 euros le parece "enormemente escasa".

Fuentes de la Fiscalía del Estado, que ha visto como se desestimaba su recurso para endurecer hasta tres años la sanción a Tirado, explicaron ayer que va a recurrir la calificación jurídica de la falta del juez ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo para que éste la considere "muy grave" y pueda suspender al juez.