Reportaje:

La Justicia se ahoga en islotes

Los sistemas informáticos autonómicos no están conectados, pero el delito y el caos sí es global

Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compañero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. Allí, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas informáticos de comunidades autónomas o de distintos órganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. Sólo el delincuente sale ganando. Y el caos.

Si quiere ser un delincuente eficiente, ponga su domicilio en Andalucía, robe en el País Vasco, Navarra y Cataluña; en Valencia entréguese, y contrate su abogado en Canarias. O tampoco se complique. Haga lo mismo por ciudades y pueblos de su provincia. Y confíe en la diversidad de programas informáticos incompatibles que pululan por los juzgados.

El Pacto de Estado de 2003 se rompió y no se ha recompuesto
El ministerio sólo mantiene las competencias en seis comunidades
La digitalización de las oficinas se está gestando desde los años ochenta
Julio Pérez: "La maldición del pergamino se puede conjurar"

El sistema de notificación digital Lexnet todavía no se usa en toda España, pese a sus cinco años de vida. Esta estafeta de correo electrónico es la solución ministerial para que juzgados y profesionales (abogados, procuradores) compartan la información con eficacia. Empezó a desplegarse en 2003, pero va lento.

"Está casi en toda la Audiencia Nacional. En el 61% de Castilla y León y en el 38% de Extremadura. Se hacen 14.000 al día", dice Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Dado que al día se presentan 23.000 asuntos, la cifra de notificaciones es ridícula. Además, Canarias y el País Vasco no lo usan porque quieren incorporar las notificaciones directamente en sus aplicaciones de gestión procesal. Lexnet sí funciona en zonas de Cataluña, está en pruebas en la Comunidad Valenciana y planean incorporarlo en Andalucía, Cantabria y Galicia.

El problema no es sólo que Lexnet no se extienda. Ojalá. Tampoco que Fortuny, la aplicación para los fiscales, siga sin implantarse en todo el país. Cada autonomía ha tirado por su lado, como si denuncias, querellas, homicidios o atracos tuvieran fronteras. El País Vasco implanta Justizia Bat. En Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante; en Andalucía, Adriano, y en Navarra, Avantius. En Cataluña la aplicación en desarrollo se llama Justicia.cat, que sustituirá a Temis en 2010. Y la ciudad de Murcia, capital de una de las seis autonomías sin competencias transferidas, es la única que prueba la versión más moderna de la aplicación ministerial Minerva.

El problema no es que haya versiones distintas. El lío es que ni se comunican ni se entienden. Son incompatibles. Algunas están preparadas para el expediente electrónico. Otras no. "Una urgencia es unificar versiones, sustituyendo el producto más antiguo por el más moderno. De Libra [la más vieja] hay 217 instalaciones. De Minerva, 86", dice el secretario general del ministerio.

"Hay un grave problema en el diseño de la red judicial, que debe interconectar sus datos", dice Pere Huguet, del Consejo General de la Abogacía. "Si cada Administración desarrolla sus herramientas, luego se tienen que entender entre sí. El modelo es el expediente electrónico. El resto son parches".

"Se trata de poner el mínimo común denominador para trabajar juntos. No hay que hablar de uniformidad de aplicaciones, sino de datos y formatos comunes", opina Inmaculada de Miguel, directora para la modernización de la justicia vasca.

El ministerio prepara ahora SIRAJ, un sistema unificado para acceder a los registros de información procesal. Luego, el objetivo es que las autonomías lo integren, convirtiendo al ministerio en un prestador de servicios de información a las comunidades autónomas. En enero empezarán a implantarlo. Antes, deberán garantizar la privacidad de unos datos muy sensibles, estableciendo mecanismos para determinar quién accede al sistema judicial español y quién lo autoriza.

El movimiento de papeles y de coches descrito en Reus, de personal duplicando tareas, se reproduce diariamente en todos los juzgados y comisarías de España. "El papeleo nos devora. Si esto fuera una empresa habría quebrado hace años, pero como todos cobramos a final de mes...", asegura un funcionario. El despilfarro de medios económicos y humanos caracteriza a la Administración de justicia, que, sin embargo, se ahoga bajo montañas de papel.

La nueva oficina judicial, que se empezó a gestar en los ochenta, aún no se ha implantado. Jueces y secretarios desconocen cuál será su nueva función; tampoco saben si una persona tiene causas pendientes en otros juzgados, salvo que haya sido condenada. Cada juzgado permanece ajeno a las actuaciones de otros tribunales. El expediente electrónico, el sueño de la oficina sin papeles, es ciencia-ficción.

El Gobierno dice que quiere resolver la saturación de un servicio público con cerca de 50.000 empleados. Como en 2001. El Gobierno de Aznar y los socialistas firmaron un pacto de Estado que desembocó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. La norma aspiraba a que el juez fuera responsable de dictar sentencia, pero no de la burocracia. Se marcaron múltiples tareas en ocho años: legislativas, organizativas y de infraestructura.

El Pacto de Estado se rompió. Y ocho años después este idílico escenario no existe. La reforma legal, paralizada durante años en el Congreso, se está discutiendo actualmente, y no entrará en vigor hasta 2010. Cierto es que han llegado los juicios rápidos o implantado las videoconferencias, aunque no la tengan todavía todos los órganos. O que acaban de estrenar las subastas judiciales por la red. Sin embargo, juzgados, tribunales y fiscalías siguen sin estar interconectados. Lexnet, el sistema de notificaciones seguras entre las partes no es de uso generalizado. Tampoco lo es Fortuny, la aplicación de la fiscalía. Con este panorama, el expediente judicial electrónico queda lejos. Tan lejano como que un ciudadano acceda por Internet a su sentencia. Si ha sido absuelto, ni siquiera le borrarán de la lista de personas con antecedentes policiales. En 2010 las gestiones administrativas digitales serán un derecho, aunque la ley no se refiere a la justicia, un servicio tan público como Hacienda o la Seguridad Social.

"La ley de 2003 sentó las bases, pero se ha incumplido. No ha habido reforma estructural ni procesal y la tecnología es deficiente. Un juzgado sabe lo suyo, pero desconoce lo que se trata en el contiguo. ¡Qué va a saber de lo que ocurre en el resto!", dice Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

"Acumulamos un retraso organizativo y de modelo", reconoce Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia. "Tenemos que acelerar para invertir la tendencia y evitar que las malas inercias se conviertan en una rémora. No es cuestión de hacer propaganda, pero me niego a retratar un panorama dantesco. Somos críticos, pero no fatalistas. Esto tiene arreglo". El secretario de Estado insiste en que hay ejemplos que demuestran "que la maldición del pergamino se puede conjurar". Como el juicio del 11-M, "que incorporó todos los elementos de modernidad"; los de tráfico, "hasta ahora más rápidos que el procedimiento administrativo para poner una multa", o "el sistema de cuentas de consignación". "Mueve 3.000 millones de euros al año y ha sacado el dinero del juzgado".

Después de cuatro años de parálisis, el 27 de noviembre se reunió la comisión encargada de coordinar a todos los responsables de la justicia que convoca el Consejo General del Poder Judicial. Porque la situación es de por sí compleja. De la gestión de la justicia se encargan cuatro partes: el juez, el propio Consejo del Poder Judicial, el ministerio y 11 autonomías con competencias transferidas.

Sólo en Madrid hay tantos litigios como en el territorio que gestiona el ministerio. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado 74 millones de euros a modernización desde 2003, y el próximo año prevé 340 millones más. El ministerio, de 2005 a 2009, gastará 545 millones.

El gobierno de los jueces acaba de aprobar un "plan de choque de tecnología y de reforma procesal", dice Fernando de Rosa Torner, vicepresidente a propuesta del PP desde septiembre. El primero consiste en dotar de certificado y firma electrónica a jueces y magistrados, como emplean desde hace años notarios, registradores y abogados.

Tampoco es la primera vez que el Poder Judicial se propone modernizar la justicia. En 2003 activó el Punto Neutro Judicial. A través de este nodo de comunicaciones los jueces acceden a los datos de Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil Central, así como a los registros de información procesal. El problema, explica Lara, "es que la consulta no es automática porque no está integrada en los sistemas de gestión procesal. Es decir, que tenemos que buscar esos datos entre los diferentes registros, entrando y saliendo de una aplicación a la otra, lo que requiere cada vez una contraseña diferente, en vez de recibir automáticamente la información en el expediente mediante alertas".

Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, asegura que todos aceptan el cambio, "pero siempre que sea neutral, que no afecte a sus funciones. La modernización no es un problema de informática sino de mentalidad". Una nueva forma de organizarse (donde el juez dicta sentencia, pero los asuntos no estrictamente jurídicos los suministran servicios comunes) y la generalización de la tecnología son el maná para conjurar la maldición del pergamino.

El primer eje requiere modificar la legislación procesal. Paralizada durante años, ha sido reactivada en esta legislatura. El anteproyecto varía más de 1.000 artículos. Debería entrar en vigor en 2010, si no se frena de nuevo en el Congreso.

Algunas modificaciones de la ley generan polémica entre jueces y secretarios por los límites que delimitan sus funciones. Tampoco hay consenso sobre el uso de la tecnología. Desde 2003, las vistas orales de los juicios civiles y algunos penales se graban en vídeo por ley. En el resto de juicios, el secretario toma notas para dar fe. El ministerio proyecta extender esta obligación a todos los juicios, lo que permitiría al secretario ocuparse de otras cuestiones. Lara comparte la idea de conseguir una documentación electrónica, "pero sin eliminar garantías de los ciudadanos y del tribunal". El portavoz no considera necesario sacar "al secretario para agilizar la justicia". Lo importante, dice, es "el nuevo reparto de tareas, implantar la oficina judicial con servicios comunes y que nos otorguen responsabilidad en ejecución de sentencias, ordenación del proceso...". Servicios comunes para optimizar recursos y evitar que, cuando se comunica a la cárcel que un preso debe declarar, cada juzgado envíe a su propio funcionario a prisión a entregar el papel.

Sólo cuando se implante el expediente judicial electrónico en todos los órganos, incluida la fiscalía, será posible la tramitación del procedimiento, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Pero la realidad es tozuda y los expedientes "no son electrónicos en origen". "Tendríamos que escanear y digitalizar todos los papeles que entrasen y sería materialmente imposible", explica Martínez.

Además, como la validez legal aún la da el papel, cuando un juez toma posesión, sobre todo los de instrucción, pasan de tres a seis meses hasta que sabe el trabajo que hay pendiente. "Es difícil saber cuántos asuntos tienes guardados en el armario. En muchas ocasiones no hay ni índice. Lo mejor es empezar de cero porque ni los registros de entrada son fiables", dice la magistrada María Sanahuja. Con el agravante de que el 80% del papeleo no sirve de prueba en el juicio. Es burocracia, como la comunicación entre jueces para tomar declaración a testigos o las notificaciones a procuradores.

Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que el problema es la ausencia de modelo. "La nueva oficina es básica, pero también saber cómo queremos organizarnos. Si me llenan de programas, pero no sé para qué los quiero, de poco me sirven. La informática debe ser una herramienta de auxilio al trámite judicial para que el juzgado obtenga la información a través de una red distribuida de información judicial, a la vez que se comunica electrónicamente con las partes".

Gimeno incide en las dos patas tecnológicas de la modernización de la justicia que eliminarán el papeleo, sin duda, pero sobre todo harán más eficaz el servicio. Se trata de que los órganos judiciales se relacionen electrónicamente con abogados y procuradores, pero también con peritos, registradores, médicos, policías o funcionarios de prisiones, que colaboran con la justicia a diario. Además, se deben interconectar a los tribunales para que sepan si la persona juzgada tiene causas pendientes y por qué hechos en otros órganos. Se evitarían situaciones kafkianas como cuando un magistrado informa a los testigos de que retrasa el juicio porque el acusado, al que ha puesto en busca y captura, no se ha presentando. Uno de los testigos, policía, le apunta: "Pues lo acaban de traer de la cárcel, lo juzgan aquí al lado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 22 de diciembre de 2008.

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