No hay sastres para juzgar al 'lehendakari'

"Si tu intención es descubrir la verdad, hazlo con sencillez, la elegancia déjasela al sastre", decía Einstein. Pero no hay sastres en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para juzgar al lehendakari Ibarretxe y, por lo que parece, tampoco jueces con ganas de buscar la verdad.

Porque el 8 de enero se iniciará en Bilbao el juicio por supuesto delito de desobediencia contra Ibarretxe y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por haberse reunido en 2006 con Arnaldo Otegi y otros miembros de Batasuna, que también serán juzgados, en el marco del proceso para buscar una solución negociada para el fin de la violencia en Euskadi.

Ya parece kafkiano que al presidente de una comunidad autónoma histórica y al líder de la oposición les vayan a juzgar por participar en una reunión política destinada a buscar la paz, pero lo que raya el esperpento es que el caso siga adelante después de que una denuncia similar contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los miembros del Consejo de Ministros y, de nuevo, López y Ares fuera archivada por el Tribunal Supremo con un soberbio rapapolvo para el denunciante, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

Decía el Supremo que controlar la acción del Gobierno no es función de los tribunales españoles, sino que está específicamente atribuida a las Cortes Generales. Y añadía que vendría a ser "un fraude constitucional" que alguien pretendiese corregir en los juzgados la dirección de la política interior o exterior, que la Constitución encomienda al Ejecutivo.

Por si fuera poco, el Supremo afirmaba que las reuniones con Batasuna no constituían delito de desobediencia porque no había una orden expresa que previamente las hubiera prohibido.

Muchos jueces se quejan de que la sociedad civil, de la que los medios de comunicación son el altavoz, les clasifique como conservadores o progresistas y les atribuya un odio visceral puesto al servicio de su grupo o ideología, como modernos capuletos y montescos desprovistos de la redención del amor de Julieta y Romeo. Lo que ocurre es que con algunos de sus comportamientos es difícil pensar otra cosa y provocan que los ciudadanos vean la justicia como un circo.

Porque, ¿cómo explicar a la gente de la calle que tres jueces -el instructor Roberto Saiz y los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro y Antonio García, que conformaban la mayoría- se hayan pasado por el forro de los códigos la doctrina del Supremo -su teórico superior jerárquico- y que hayan decidido que lo que no es delito para Zapatero tenga apariencia de serlo para Ibarretxe?

¿No les parece que son capuletos que hacen ondear sus estandartes en franca rebelión contra el Príncipe de Verona? Y claro, que la rebeldía la encabece la plebe puede estar mal, pero que lo hagan altos funcionarios que son los encargados de hacer cumplir la ley resulta un completo desafuero.

Ahora, para que el espectáculo sea completo, el tribunal ha decidido sortear entre los interesados las 30 plazas de público para cada sesión del juicio.

Siempre, en los tribunales, se había dado preferencia a los medios informativos -para cumplir el principio de publicidad de las actuaciones judiciales-, a las víctimas y sus allegados y a los familiares de los acusados. Luego, hasta completar el aforo, entraba el público en general por riguroso orden de llegada.

Pero, sólo para este juicio, los ciudadanos deben demostrar interés y, como si fuera una prueba de limpieza de sangre, tienen que llamar de nueve a una, entre el 16 y el 22 de diciembre, al teléfono de Bilbao 944 01 65 28. La tómbola de las localidades se realizará el día 23, es decir, el siguiente al de la lotería de Navidad y dos después del sorteo de Santo Tomás, de gran repercusión en todo Euskadi. Un jolgorio.

Como si el juicio por algo que el Supremo ha dicho que no es delito no fuera suficiente circo, la rifa de los asientos para presenciarlo -¡qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!- lo ha convertido en uno de tres pistas.

Y en los circos no hay jueces, ni sastres.