La mayoría del Congreso apoyará el cambio de la ley

Las posiciones políticas no han cambiado tras el paso por el Parlamento de 29 comparecientes, a instancias de los grupos parlamentarios, expertos o concernidos con la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo. Es más, las tesis de cada grupo se han afianzado como ayer se comprobó en la Subcomisión del Congreso que puso el broche a tres meses de trabajo y cuyas conclusiones se debatirán la primera semana de febrero.

La situación política es la siguiente: PSOE, ERC, IU, ICV y BNG están de acuerdo en que la actual legislación es insuficiente para garantizar "la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales". Además, una futura ley tiene que enmarcarse "en una estrategia de educación, planificación familiar y prevención". Estas son apreciaciones de la portavoz de igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón, aunque su diagnóstico es compartido por el resto de los grupos que quieren una nueva ley. Los matices, no obstante, se verán en las conclusiones que cada uno presente.

Del lado contrario se sitúa el PP, que quiere dejar las cosas como están. No desea cambios, sino que se mantengan los tres supuestos de despenalización del aborto que rigen en España desde hace veinte años.

Y eso a pesar de que la mayoría de los comparecientes convocados por el PP en esta subcomisión parlamentaria se han manifestado en contra de cualquier ley sobre el aborto. Lo decían con toda claridad cuando los representantes populares les preguntaban sistemáticamente su opinión sobre en qué momento empieza el origen de la vida. "Desde el momento de la concepción", era la respuesta de los convocados por el PP, según asistentes a las reuniones celebradas a puerta cerrada. Esta situación ha distorsionado el objeto de la subcomisión parlamentaria, a juicio del PSOE y de otros grupos de la izquierda, ya que la disyuntiva no es "aborto sí o aborto no"; ese debate ya se produjo hace veinte años, dicen los partidarios de hacer una ley de plazos y de supuestos. El PP, con seguridad, presentará un voto particular. Tanto CiU como el PNV, como hiciera hace veinte años, permitirá libertad de voto a sus parlamentarios.