La patronal ve disiparse la "inseguridad jurídica"

La patronal guipuzcoana Adegi festejó ayer a través de un comunicado la aprobación del nuevo Impuesto de Sociedades en esa provincia, toda vez que su aplicación "favorecerá la competitividad" de las empresas y pone fin a "la inseguridad jurídica y a la incertidumbre fiscal" que se había instalado en el entorno empresarial y en el conjunto de la sociedad. Confebask, que no hizo pública una nota, se sumó a la valoración hecha por su organización territorial guipuzcoana.

Adegi se felicitó por situar en el 28% el tipo general para las grandes empresas -el 24% para las pymes-, aunque volvió a reclamar una mayor rebaja hasta el 24%, para acercarse así a la media de la UE, donde las empresas gozan de unas condiciones fiscales más favorables.

Guipúzcoa debe resolver aún un desajuste por la tasa de Patrimonio

La Cámara de Comercio guipuzcoana, en la misma línea, también destacó "la igualdad de oportunidades" que se dará para las empresas en el conjunto de la comunidad autónoma y el logro de un "marco estable" que repercutirá en la mejora de la competitividad.

La reforma del impuesto que grava los beneficios empresariales, además de la bajada en 4,6 puntos del tipo impositivo, conlleva deducciones por crear empleo (4.600 euros por trabajador contratado y 7.600 euros si es de un colectivo con dificultades de inserción) y desgravaciones por invertir en innovación, según recordó el Departamento de Hacienda. También delimita como pequeñas empresas aquéllas que facturan menos de 10 millones de euros. Estos aspectos ya están recogidos en la normativa vigente en los otros dos territorios vascos. Las sociedades patrimoniales pasan ahora a tributar del 18% al 24%.

Estas nuevas ventajas fiscales se reflejarán en una merma recaudatoria de 15 millones de euros. Los partidos de la oposición señalaron que el fisco guipuzcoano dejará de ingresar 116 millones con respecto a la normativa anterior (el 32,6%).

Tras zanjar el debate sobre el Impuesto de Sociedades, Guipúzcoa tiene ahora pendiente el futuro del Impuesto de Patrimonio, que sigue en vigor cuando el Gobierno central y las otras dos diputaciones han anunciado que lo derogarán a partir del próximo 1 de enero. La portavoz del PP, Regina Otaola, criticó al Ejecutivo foral por no aceptar su supresión, aunque aseguró que la Diputación le ha garantizado que a partir de abril estudiará introducir algunas modificaciones. En su pacto fiscal, el PNV y EA proponen mantener este tributo, pese a que los peneuvistas han impulsado su eliminación en Álava y Vizcaya.