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Camps entierra su ocurrencia de impartir Ciudadanía en inglés

El Gobierno valenciano cede a la presión para frenar una huelga general educativa

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público valenciano, mañana, ha puesto en jaque la ocurrencia de Francisco Camps de obligar a dar en inglés las clases de Educación para la Ciudadanía. El boicoteo de la Generalitat a esta asignatura de nuevo cuño introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que en España han cursado o cursan más de 600.000 alumnos con normalidad- no ha resistido tres meses. El presidente valenciano, de viaje en Estado Unidos, autorizó ayer, a través de su consejero Alejandro Font de Mora, a que esta materia de Derechos Humanos, que el PP objeta en toda España, se estudie el resto del curso como cualquier otra asignatura "en una de las dos lenguas cooficiales" de la Comunidad Valenciana.

Una circular de Educación de tres páginas entierra de hecho la singular fórmula ideada por Camps de que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía mediante traducción simultánea por parte de un segundo profesor. Y devuelve la normalidad a las aulas valencianas, al menos hasta el 15 de febrero, fecha límite impuesta a la Administración por las asociaciones de padres y alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, para cerrar una agenda de negociación más amplia que contiene 13 puntos: desde la creación de 47.000 plazas públicas de infantil en el curso 2011-2012 a la contratación de 300 profesores más de lengua extranjera el curso que viene o el diseño de un plan autonómico eficaz para combatir el alto índice de absentismo y fracaso escolar entre los jóvenes de 16 a 24 años sin título de ESO.

El giro de la Administración de Camps en el tema del inglés obligatorio en Ciudadanía fue la tabla de salvación para superar lo que podría haber sido "la primera huelga general en todas las etapas educativas no universitarias".

Con esta rectificación, la consejería asume su propia debilidad legal para sostener la orden valenciana del 10 de junio que regulaba la obligación de dar las clases de Ciudadanía en inglés. Una orden sobre la que pesa un auto de suspensión cautelar parcial, que limitaba seriamente la extensión del inglés a través de esta materia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), antes de que acabe el curso, debe resolver los recursos presentados por los tres sindicatos mayoritarios del sector público y por el Gobierno.

Desde la Plataforma por la Enseñanza Pública, su portavoz, Gemma Piqué, aplaudió ayer esta "asunción de la imposibilidad de dar las clases en inglés" por tratarse de una materia de contenidos filosóficos, y valoró el acuerdo alcanzado anoche con el consejero Font de Mora como "un paso muy importante" hacia la normalización de las truncadas relaciones.

La Plataforma es hoy por hoy una amalgama de todos los actores con "capacidad legal para negociar con la Consejería de Educación" -desde padres, alumnos, sindicatos, directores, inspectores y la entidad Escola Valenciana- que se ha agrupado alrededor de la oposición a la norma.

Este movimiento unitario se ha reproducido por ciudades y zonas educativas y ha sumado adscripciones a lo largo de todo el primer trimestre lectivo, lo que ha ido encendiendo las múltiples movilizaciones, encierros y pronunciamientos de claustros que ha habido en prácticamente los 1.600 colegios e institutos valencianos. La protesta confluyó en la manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 ciudadanos "contra la política educativa de Camps" el 29 de noviembre.

La singular fórmula lanzada por Camps hace sólo un año -en la cumbre mundial de la educación de la OCDE- sólo sobrevivirá unos meses más en el puñado de institutos donde el profesor titular de la materia tenga la doble capacitación para enseñarla en inglés, siempre que así lo decida el centro, en función del nivel de comprensión de este idioma que tengan sus estudiantes de segundo curso de Secundaria.

El nivel de presión social, política y educativa sobre este "disparate administrativo y pedagógico" -como lo han tildado los 400 inspectores de la asociación profesional Adide en su congreso nacional- ha hecho que la Administración de Camps haya pasado de sostener que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a aceptar que no se dan las condiciones.

El boicoteo

- Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que incluye Educación para la Ciudadanía (EpC) en 5º y 6º de Primaria (10 y 11 años).

- Junio y julio de 2006.

La Conferencia Episcopal tacha EpC de "ataque a la familia". El Foro Español de la Familia llama a la objeción.

- Mayo de 2007. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, promete amparar a los objetores.

- Septiembre de 2007.

La asignatura empieza a impartirse en Cataluña, Navarra, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria y Andalucía.

- Marzo de 2008. Tras una cascada de fallos judiciales, tanto a favor como en contra de la objeción, la Comunidad Valenciana confirma que EpC será optativa y que se impartirá en inglés.

- Septiembre de 2008. Directores, profesores y alumnos de institutos se rebelan contra Camps y protagonizan movilizaciones.

- Diciembre de 2008. Camps rectifica y autoriza que Ciudadanía se estudie en valenciano o en castellano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de diciembre de 2008

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