Ciencia quiere que el CSIC absorba seis organismos de investigación

Seis organismos públicos de investigación (OPI) serán absorbidos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasará a añadir la palabra Tecnológicas a su nombre actual, si se mantiene la actual redacción de la nueva Ley de la Ciencia, a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico. Unos 20.000 trabajadores, de los cuales 3.000 son científicos, de los OPI del Ministerio de Ciencia e Innovación se verían afectados por esta ley, que sustituiría a la que data de 1986. El texto, que no ha sido dado a conocer públicamente, está circulando mediante el boca a boca y causando ya un gran revuelo entre el personal de estos organismos y del CSIC. El plan ha producido incluso preocupación en el PSOE, según las fuentes consultadas.

La agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CSICT), el nuevo superopi, se organizaría en tres divisiones con personalidad jurídica propia: Ciencias de la Vida, Ciencias y Tecnologías de la Materia, y Ciencias Humanas y Sociales. A estas divisiones quedarían adscritos el personal y los recursos actuales de los organismos suprimidos: el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el Instituto Geológico y Minero de España, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y el Instituto Español de Oceanografía. También está en el ánimo del ministerio que dirige Cristina Garmendia incluir el Instituto de Astrofísica de Canarias, que tiene una personalidad jurídica distinta, según las fuentes consultadas. Sin embargo, no entrarían ni el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, que depende del Ministerio de Defensa, ni los organismos dependientes del Ministerio de Fomento (como el Instituto Geográfico Nacional, del que depende el Observatorio Astronómico Nacional) o de otros ministerios.

El borrador de la nueva ley se estructura en cinco grandes capítulos (gobernanza, transferencia de tecnología, recursos humanos, OPI y medidas legislativas derivadas). La semana pasada, se presentaron al Consejo General de Ciencia y Tecnología, presidido por Garmendia, donde están representadas las comunidades autónomas, "los avances en el borrador de la nueva Ley de la Ciencia", según el propio ministerio. Lo elabora una comisión de 25 expertos nombrados por Ciencia e Innovación que han venido trabajando desde el pasado verano. La elaboración atraviesa ahora una fase crítica debido a la presentación, con escaso debate previo, de esta propuesta de reestructuración de los OPI.

La principal crítica que el borrador suscita es que al excluir de este esquema a las universidades (transferidas a las comunidades autónomas), se pierde la oportunidad de coordinarlas en un sistema coherente de I+D, dado que realizan aproximadamente la mitad de la investigación científica en España. Y uno de los grandes interrogantes es con qué financiación se contaría para realizar esta reestructuración profunda.

Hoy se van a reunir los representantes de Comisiones Obreras de todos los organismos implicados. Este sindicato responsabiliza al secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, del plan de reestructuración, que considera inaceptable. Partidario de reorganizar y coordinar los OPI, CC OO recuerda que propuso que todos ellos se convirtieran en agencias estatales, cuando se aprobó hace dos años la ley que las creó, pero el único que lo consiguió fue el CSIC, entonces presidido por Martínez.

Por otra parte, el Ministerio de Ciencia e Innovación tendrá dos grandes agencias de financiación: el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI, antes en el Ministerio de Industria), que se ocuparía de los programas de contenido más tecnológico y de ciencia aplicada, y una nueva agencia de financiación y evaluación de proyectos de investigación fundamental.