Un proyecto al que no le salen las cuentas

A la Comunidad no le salen las cuentas. El futuro Campus de la Justicia puede entrar en vía muerta, si no se soluciona el problema de financiación. La crisis y la bajada del precio de los inmuebles hacen dudar de que los 15 edificios previstos en Valdebebas estén listos para finales de 2012. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia ya admiten que, como mínimo, habrá una demora de dos años.

El campus fue ideado por el anterior consejero de Justicia, Alfredo Prada Presa, cuyo plan consistía en financiar todas las obras con la venta de los 23 edificios y locales que tiene dispersos la consejería por la capital.

Pero aquí es donde comienzan los problemas de financiación. Y resultan muy serios. La urbanización de la parcela de 300.000 metros cuadrados y la inversión en la primera fase del campus va a suponer un desembolso de 300 millones de euros, pero la Comunidad no puede vender ahora los edificios previstos, lo que va a generar un problema de liquidez.

La joya de la corona es el edificio de los juzgados de la plaza de Castilla. La bajada de los precios inmobiliarios hace que se retrase su venta lo más posible, según Justicia, para evitar una pérdida en los ingresos.

No es el único problema. Fuentes del departamento que dirige Francisco Granados han confirmado que el proyecto del campus supondría un desembolso total que rondaría los 1.000 millones de euros. Ni la mejor venta ni la reducción de los alquileres que ahora mismo sufraga la Comunidad permitirían ingresos superiores a 400 millones. Por tanto, hay un desfase de 600 millones al que el Gobierno regional tiene que hacer frente con sus activos. ¿Esto qué supone? Que o se retrasa la construcción del campus o se busca la financiación a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad. La primera opción parece ser la elegida.

Pero además existe otro problema. El Campus de la Justicia está organizado con el sistema de proyecto-contrato. Es decir, la empresa que gana el concurso se encarga de construirlo y cada vez que presenta una certificación de obra la Comunidad tiene que desembolsar el dinero. Esto supone que o se pagan todos esos certificados de obra según se van presentando o las constructoras pueden parar la edificación. Consecuencia: el Gobierno regional prefiere demorar el final de la obra a tener que enfrentarse a contenciosos o resultar moroso.

Otro problema al que se enfrenta la Comunidad es que algunos edificios tienen un periodo de ejecución muy largo, con lo que el cargo a los Presupuestos sería plurianual. "Lo más razonable, por tanto, en estos casos, es acometer lo ya adjudicado y esperar a que el Ayuntamiento de Madrid nos dé las licencias para los cuatro edificios que hemos pedido. El resto se ralentizará respecto a lo que teníamos previsto", explicaron fuentes de Justicia.