Las 30 empresas del AVE vasco pactan un plan de seguridad con Interior y Fomento

Una semana después del asesinato por ETA del empresario guipuzcoano Ignacio Uria, los máximos representantes de Interior y de Fomento de los Gobiernos central y de Euskadi y representantes de los empresarios participantes en las obras del AVE vasco celebraron una cumbre en la sede de la patronal Confebask en Bilbao. El objetivo fue acordar todas las medidas necesarias para que el renovado compromiso de ambos Ejecutivos en la construcción de esa obra aporte la máxima seguridad al proyecto.

El coste de la obra asciende a 4.500 millones de euros, pero el asesinato de Uría, directivo de una de las más de 27 empresas adjudicatarias de las obras, obliga a incrementar las partidas de seguridad por parte de las empresas y de las administraciones. La responsabilidad está en manos del Gobierno vasco, aunque las empresas también han contratado seguridad privada para los tramos ya en construcción. Las autoridades gubernamentales y los empresarios se conjuraron ayer para llevar adelante la Y ferroviaria y no ceder al chantaje de ETA. "Se han definido las medidas de seguridad", aseguró en un comunicado la patronal vasca.

La cumbre, que duró dos horas y media, fue discreta por expreso deseo de los empresarios. Además de los ministros de Interior y de Fomento, Alfredo Pérez Rubalcaba y Magdalena Álvarez, respectivamente, asistieron sus homólogos del Gobierno vasco, Javier Balza y Nuria López de Gereñu. Asimismo, acudieron el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el presidente de Adif, Antonio González Marín.

Paralelamente, la Guardia Civil detuvo ayer a dos personas por su presunta colaboración con el comando Vizcaya de ETA. Una de las arrestadas es Mercedes Alcocer Gabaldón. Podría ser una de las personas que ha dado cobertura y ocultado durante los últimos seis meses a Aitor Artetxe, detenido el lunes en Gerde (Francia) junto al jefe de los comandos de ETA, Aitzol Iriondo. La otra arrestada también por colaboración con la banda es Maribel Prieto Plaza.

Agentes de la Policía francesa trasladaron a París a Iriondo, Artetxe y Eneko Zarrabeitia, para proseguir los interrogatorios. El ADN de Iriondo no coincide con los rastros genéticos hallados en uno de los coches que los etarras usaron para huir de Capbreton, donde fueron asesinados dos guardias civiles. Aún queda el cotejo del ADN dejado en un segundo coche. Además, Iriondo mide 1,65 metros y la única testigo dijo que el asesino era "muy alto".