El PP ultima un informe que avale la disolución de alcaldías de ANV
La ley permite actuar contra el partido ilegal, según Santamaría
El PP ha decidido presionar al máximo al Gobierno con el asunto de la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV, un partido ilegal que no condena los crímenes de ETA. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria del PP, anunció ayer que su partido tiene casi acabado el informe jurídico que respalda su convicción de que, con la ley actual, es posible disolver ya esos 42 ayuntamientos y hacer coincidir las elecciones que habría que convocar con los comicios vascos del año próximo.
El informe será revisado hoy por el líder del PP, Mariano Rajoy, y entregado al Gobierno. Éste sostiene que con la actual redacción de la Ley de Bases de Régimen Local no es posible disolver esos ayuntamientos. El artículo 61 plantea qué debe probarse para disolver una corporación: "Acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cree que aún no existe esa reiteración, y fuentes socialistas ven insensato empezar un proceso como éste si no se tiene la seguridad de que ni el Tribunal Supremo ni el de Estrasburgo van a tumbarlo.
Así se lo explicó el sábado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rajoy. Santamaría está preparando un documento con dos argumentos. Primero, la voluntad del legislador, siempre importante a la hora de interpretar una ley: el PP aportará los debates que sostuvieron PSOE y PP cuando modificaron la norma en 2002, para dejar claro que su intención era poder expulsar de los ayuntamientos a Batasuna y sus sucesores si no condenaban a ETA. Además, para salvar el problema del "reiterado y grave", el PP tratará de demostrar que todos los alcaldes de ANV se han comportado igual desde que llegaron al poder en 2007. No sólo no condenan los atentados; tampoco la kale borroka o cualquier "humillación a las víctimas".
El PP vasco se lanzó ayer al cuello del Gobierno con argumentos similares a los de la anterior legislatura. El portavoz, Leopoldo Barreda, sostuvo que la ausencia de "decisiones inaplazables" por parte del Gobierno para relevar a los alcaldes de ANV "abona la sospecha de un posible escenario de negociación con los terroristas".
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