Pocas medidas frente a la crisis

Con un crecimiento del paro en el último año superior en 17 puntos a la media española y cada día que pasa un total de nueve empresas declarándose insolventes en el Fondo de Garantía Salarial, el Consell ha optado por defender su gestión ante la crisis con un aluvión de descalificaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La actitud del Gobierno valenciano, muy similar a la del Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid, contrasta con la de otros gobiernos autonómicos socialistas como los del andaluz Manuel Chaves o el catalán José Montilla, que han puesto en marcha un mayor número de medidas para capear la desfavorable coyuntura económica.

El Consell, que preside Francisco Camps, ha adoptado un número muy limitado de decisiones específicas para combatir los efectos de la crisis. El plan de impulso de la economía valenciana, dotado con 1.394 millones de euros para los ejercicios 2008-2009 es uno de los argumentos recurrentes de los populares valencianos. Sin embargo, los socialistas denuncian que el plan no incluye más presupuesto que el que ya estaba previsto con antelación a la crisis financiera.

El recurso a los avales de la Generalitat, sin la respuesta esperada

Los socialistas piden al jefe del Consell que tome medidas

Las dos medidas nuevas adoptadas por el Consell han sido básicamente dos: introducir una nueva deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF para compensar la subida de los tipos de interés en las hipotecas y destinar 600 millones de euros, fundamentalmente en avales, a mejorar la liquidez bancaria con la condición de que ésta repercuta en las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, la eficacia de estas medidas es puesta en entredicho por la oposición. La nueva rebaja fiscal porque no tendrá efecto para el ciudadano hasta 2010 y, además, la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo puede dejar la desgravación finalmente sin efecto. Es decir, como los tipos han bajado, no es posible aplicarse la deducción fiscal.

La inyección de liquidez tampoco parece haber dado, por ahora, los resultados deseados, ya que las entidades bancarias y de ahorro no han recurrido a esta fórmula. El propio vicepresidente económico, Gerardo Camps, reconoció la semana pasada que los primero 100 millones de euros todavía estaban disponibles y no pudo concretar el monto de operaciones realizadas.

Los socialistas aseguran, además, que el elevado endeudamient de la Generalitat hace que las entidades rechacen los avales públicos sabedores de que tardarán tiempo en cobrar. "Lo primero que tiene que hacer Camps es reaccionar ante la crisis", sentencian en el PSPV, que reprocha a Camps que ahora intente derivar sus responsabilidades hacia el Gobierno central.

En esta coyuntura, el presidente de la Generalitat ha incrementado de manera notable sus entrevistas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para coordinar las críticas a Zapatero.

En Madrid, Aguirre ha optado por afrontar la crisis con una receta muy del gusto neoliberal: la bajada de impuestos, tras rechazar la propuesta de los socialistas de pactar diez grandes medidas contra la crisis y para el fomento del empleo. Así, la presidenta madrileña ha copiado la deducción del Consell en el tramo autonómico del IRPF para compensar la subida de los tipos de interés en las hipotecas, pero ha incluido otra deducción por gastos asociados a la educación. Las familias que no superen los 10.000 euros de renta anual por miembro de la unidad familiar podrán desgravar hasta 500 euros por hijo en edad escolar. Con ello se pretende compensar una mensualidad del colegio privado, el coste del uniforme o los idiomas como actividad extraescolar.

La pasividad de los gobiernos populares contrasta con la actividad de la Junta de Andalucía, que ha contestado con una medida adicional a cada propuesta anunciada por el Gobierno central. El Ejecutivo que preside Manuel Chaves no se ha limitado a introducir nuevas deducciones fiscales, sino que ha tirado de su mayor capacidad de endeudamiento para incrementar la inversión pública. Pero el gobierno andaluz también ha aprovechado la crisis económica para modificar su política de fomento empresarial, crear un fondo de emergencia para empresas viables con problemas de financiación y apostar por el fomento de la vivienda de protección pública con inversión directa e inducida.

En Cataluña, el presidente José Montilla cuenta con un tripartito que funciona con menor fluidez que los otros gobiernos citados, que disponen de amplias mayorías absolutas. Aún así, el Ejecutivo catalán ha ampliado las medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para ayudar a las familias que no pueden afrontar el pago de la hipoteca y ha dispuesto 115 millones de euros para contratar desempleados a través de las Administraciones públicas. Además, Montilla ultima un plan para mejorar la productividad industrial y facilitar el crédito a las pymes.