El tripartito fracasa al intentar descafeinar la inspección de los servicios sociales

El Parlamento aprobó ayer la ley de mayor repercusión social de toda la legislatura, la de Servicios Sociales. Antes de darle luz verde, los partidos se enredaron en un debate absurdo en torno a la creación de un órgano destinado a supervisar que las ayudas y prestaciones que ofrecerán las instituciones, especialmente las diputaciones, sean iguales en los tres territorios. El tripartito fracasó en su intento de descafeinar este servicio, que podría chocar con las competencias que tienen asignadas las instituciones forales. Al final, no tuvo más remedio que votar a favor de su constitución al impedir el Reglamento de la Cámara votar una enmienda que había transaccionado con Aralar y el PSE en la que se aplazaba su creación y adjudicaba a los ejecutivos forales el control y la inspección, al menos durante los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aralar se abstuvo al no ver reflejado su pacto con el tripartito en el texto final

El PP, que quería un servicio potente, impidió que se debatiera la enmienda acogiéndose al artículo 112 del Reglamento, que no permite votar enmiendas que se han transaccionado desde que se aprueba el dictamen de la ley en comisión hasta que se debate en pleno si algún partido lo pide. Pero la insistencia de PSE y Aralar en que existiera algún órgano de control obligó al tripartito a votar a favor de las enmiendas parciales que este grupo había reservado para el pleno, en las que se reclama el servicio abiertamente y, además, integrado en exclusiva por el Gobierno. Las probabilidades de que se produzca un conflicto institucional con las diputaciones son muy altas, ya que son muy celosas de sus competencias y ahora serán inspeccionadas por otra institución.

Tripartito y PSE respaldaron la ley; el PP la apoyó aunque se mostró crítico en aspectos como la financiación, el copago y la inspección de los servicios sociales; EHK votó en contra y Aralar se abstuvo, a pesar de que hace dos semanas selló un acuerdo con el tripartito. Sin embargo, a última hora no vio reflejado el espíritu de ese acuerdo en el documento final y se desmarcó. Aralar había pactado que la gestión de los servicios debe ser pública y directa, mientras que en el texto final aparece que será pública y "preferentemente" directa, es decir, abre la puerta a conveniar con entidades privadas algunos servicios.

La norma está llamada a marcar un antes y un después en la prestación de esta asistencia, que comprende desde las residencias de ancianos, los centros de día, la teleasistencia y la atención a las mujeres maltratadas. Es decir, se ocupará de los colectivos más vulnerables, especialmente los ancianos. El texto reconoce a todos los ciudadanos el derecho a reclamar las mismas prestaciones en los tres territorios y establece que los servicios sociales serán exigibles ante los tribunales por cualquier persona que lleve un año empadronada en un municipio vasco.

De esta forma, el sistema de servicios sociales se convierte en el cuarto pilar del Estado de Bienestar junto a los de educación, sanidad y las pensiones. El sistema será público, pero aplicará el principio del copago con criterios de progresividad, lo que significa que en algunos casos el usuario abonará una parte dependiendo de sus ingresos. En el ámbito del copago, ha quedado excluido el piso habitual al responder a la deuda que un anciano puede contraer con la Diputación a su muerte tras utilizar durante años una residencia. La ley deja fuera la primera vivienda y sólo habla de que se puede establecer el copago cuando se trate de una residencia de "carácter excepcional", que se determinará a través de un reglamento. Según el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, el "valor excepcional" está relacionado con el lujo, con algo extraordinario.

El Parlamento también acogió ayer la firma del acuerdo presupuestario entre el tripartito y PSE, que introduce partidas en el proyecto por 73,6 millones. En contrapartida a su apoyo, el Gobierno acepta una batería de enmiendas parciales del PSE que, en conjunto, suponen 46,2 millones, a los que se suman otros 27,4 millones en créditos para iniciativas plurianuales.

Las enmiendas más importante buscan crear un fondo de 12 millones para financiar inversiones municipales dirigidas a compra de suelo industrial y residencial para la construcción de viviendas protegidas, y dotar de financiación a la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (8,5 millones).