La dignidad de la educación

La educación en la Comunidad Valenciana precisa dignidad, cultivo de la excelencia y prioridad en la acción política de la Generalitat. Esto que afirmo pudiera ser considerado, a priori, como una petición de principio: lo es. Ocurre, sin embargo, que no por obvias las principales cuestiones políticas son objeto diario de nuestra política, o de la ausencia de ella, según los casos. Hablemos, pues, de educación. La polémica, la libre discusión de las ideas y el ejercicio dialéctico de su confrontación argumentada y racional es siempre ilusionante y vigoroso bálsamo intelectual; la utilización política de las divisas de parte es otra cosa, muy corriente en nuestra vida pública, y que suele arruinar el libre uso de la argumentación para sustituirla por burdos ejercicios de propaganda. Se puede justificar cualquier decisión. En ocasiones, lamentablemente, no se repara en medios para hacerlo. Ahora bien, semejante actitud se vuelve, como un bumerán, hacia los que la practican.

La lamentable discusión acerca del espinoso y controvertido asunto de la enseñanza en inglés de la Educación para la Ciudadanía ha supuesto ríos de tinta, malestar en el sistema educativo y marasmo funcional en lo tocante a la Administración pública de la propuesta por parte de la Generalitat. ¿Es legítima la misma?: obviamente desde el punto de vista democrático. Ahora bien, el que la legitimidad de un Gobierno en democracia la constituyan los votos de los ciudadanos, no es óbice para que éste entienda que tiene derecho a actuar de cualquier forma y en cualquier momento y ocasión. La educación valenciana no se puede permitir oscilaciones pendulares, ni ocurrencias luminosas, ni exhortaciones supuestamente cargadas de razón que velan las razones políticas que las sustentan: en este caso la oposición (legítima) del Partido Popular en contra de la asignatura de Educación para la Ciudadanía tal y como fue planteada en su día por el Gobierno.

Pero un asunto es la legitimidad del Partido Popular y otra, la aplicación legal que la Consejería de Educación debe realizar de la legislación vigente. En todo caso: mi posición al respecto es inequívoca. La asignatura puede ser dada en inglés. Naturalmente. Y el Consell puede desear y postular un proyecto de educación trilingüe. Esto no es óbice para que dicha ambición peque de falta de organización, medios, diálogo fructífero con todos y tiempos medidos. Si se quiere defender y desarrollar ese modelo educativo se tiene que adoptar la política adecuada para ello, y esto supone prioridades, recursos económicos, profesorado adecuado y diálogo inteligente.

Lo que no puede ser es que se intente, con ese proyecto político, invalidar la aplicación práctica de asignaturas, como la de Educación para la Ciudadanía emanadas de una ley orgánica, como es la LOE.

Por otro lado, la primera obligación en política educativa de la Generalitat es la educación pública, toda ella sin excepción. Porque es su competencia directa, y su responsabilidad máxima. Es obvio, y no seré yo quien así no lo reconozca, que en todos estos años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se han hecho esfuerzos importantes en educación. Ahora bien, es evidente que se han descuidado asuntos muy importantes en nuestra educación. Falta inversión pública, capacidad de diálogo real con todos los agentes educativos, finura intelectual y política para llevar a cabo la política educativa; voluntad manifiesta y creíble para dignificar al máximo la educación pública y hacer bascular toda la acción política del Gobierno en la consecución de su excelencia educativa plena.

El PP y el PSOE hace años que debieran haber llegado a un gran acuerdo, nacional y autonómico, en lo que se refiere a la política educativa, en España y en la Comunidad Valenciana. Lo último que precisa la dignidad y excelencia de la educación valenciana es confrontación, ausencia de diálogo e ideas peregrinas. Por el contrario, le es imprescindible altura de miras, elegancia, diálogo veraz, y real, con todos los miembros de la comunidad educativa, y finura, sí, finura política, esa añeja y vapuleada virtud clásica sinónima, la más de las veces, de la temperancia, la prudencia y el sentido común.

Joaquín Calomarde es ex diputado al Congreso y catedrático de Filosofía