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Reportaje:

La corrupción atenaza a las islas

El PP balear vive un periodo negro por las imputaciones a sus dirigentes

"En el PP agachamos la cabeza y acatamos las condenas". Carlos Simarro se estrenó así la semana pasada como portavoz de ese partido en Baleares. Relevaba a Catalina Soler, quemada por dar la cara ante la catarata de escándalos populares. Soler renunció y se despidió atacando a la dirección. Ella misma está pendiente de un juicio por falsedad documental; es una de los cinco diputados del Parlamento balear imputados en causas penales. Tres son del PP; uno, de Unió Mallorquina (UM) y otro, del PSOE. El archipiélago juega en la primera división europea de suciedad política.

La semana pasada, la derecha acumuló dos nuevas sentencias adversas: cinco años de cárcel para un ex director general, Jaume Massot, por su gestión municipal en el caso Andratx; y tres años de prisión para el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomás, por tratos económicos con un edil de otro partido aliado. Tomás dimitió pero su sucesor, Joan Jaume, deberá sentarse en el banquillo en diciembre junto a Soler y otros 10 cargos y puede ser inhabilitado nueve meses por falsedad. Aún queda un rosario de causas abiertas; varias afectan a UM y una al PSOE.

Un imputado en tres causas tiene la llave de la mayoría en el Parlamento balear

"No pongo la mano en el fuego por nadie", advirtió Rosa Estarás, líder del PP tras la marcha a EE UU del ex presidente balear Jaume Matas. Lo declaró antes de que cinco ex cargos y ex militantes del PP fueran encarcelados preventivamente por corrupción. Estarás gestiona con sobresaltos la pesada herencia de Matas, de cuyo Gobierno fue vicepresidenta. Sostiene que su partido "actúa de manera ejemplar en la suspensión o expulsión de corruptos". Alguna vez tuvo la tentación de dimitir: "Casi se me salió el corazón del pecho", explica recordando el día en que se hallaron los 240.000 euros en comisiones que la ex alto cargo Antònia Ordinas enterró dentro de una caja de Cola Cao en su jardín.

"El PP no delinque, son las personas. Sufrimos una etapa crítica", afirma el senador popular Joan Huguet, que rechaza la necesidad de una "refundación" del partido en Baleares.

La semana negra del PP incluyó la decisión del veterano dirigente y ex ministro de Exteriores Abel Matutes de darse de baja "para poder defender en Ibiza los negocios de la familia" frente a la "persecución política" del PSOE. Su hija, Stella, ex consejera insular, está imputada por votar un plan que recalificó terrenos de los Matutes.

"Que la verbena de los escándalos no domine la agenda del debate político y tape la acción contra la crisis", reclama el presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, que ha dado instrucciones a sus colaboradores para que no se ceben en los escándalos. Antich estrenó su segundo mandato, en 2007, con una norma: "No queremos dar la sensación de perseguir a los gobernantes anteriores". Pero la realidad se impone: denuncias, detenciones y cárcel han llegado tras las auditorías sobre la gestión del Gobierno de Matas y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

La mayoría socialista en el Parlamento autónomo depende del voto de Tomeu Vicens, de UM, imputado por tres causas. Vicens ha eludido la cárcel con una fianza y está suspendido de militancia en su partido. Quiere dejar el escaño. "Anímicamente te resientes", confiesa, y explica que las causas contra él responden a peleas de negocios, "no políticas"; su bufete tramitó operaciones inmobiliarias. "La gente tiene derecho a ganar dinero y no es delito", justifica un alto cargo de UM.

El PSOE mira el panorama en clave siciliana: "Se ha roto la vieja omertá". Lo relata Antonio Diéguez, portavoz parlamentario socialista y letrado: "El PP actuó con una concepción clientelar. Sobre todo, una sensación de impunidad. Pero se acabó; los paganos hablan y la fiscalía actúa: halla pagos, cobros, cuentas, desnuda la trama".

Los socialistas, no obstante, también tienen una causa abierta en Ibiza por una concesión inmobiliaria, a raíz de una denuncia de un dirigente expulsado. En ella declarará como imputado el presidente insular, el socialista Xicu Tarrés, y un concejal del PP.

El urbanismo salvaje genera grandes ingresos, con los que algunos tratan de influir sobre los políticos. "La capacidad del eventual corruptor es parecida a la de los narcos", dice un letrado que conoce ese mundo. El dinero deja huella en forma de comisiones del 40%, de desvío de fondos públicos, de obras y licencias ilegales, o de uso privado de tarjetas de crédito institucionales.

Los escándalos tardarán años en esclarecerse del todo. "Ahora se dictan sentencias de asuntos de 2000 y 2002", precisa Agustí Cerveró, abogado experto en urbanismo, que denuncia "la pretensión de borrón y cuenta nueva". Cerveró opina que los escándalos ocurren "por la falta de controles internos y externos en la estructura de la Administración, que sumado a la codicia producen la mangarrufa [el chanchullo]".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de noviembre de 2008