En libertad los tres detenidos en Anoeta por pegar carteles de Segi

Un menor de 17 años de edad, un varón y una mujer, ambos de 22 años, fueron detenidos el sábado en la localidad guipuzcoana de Anoeta, tras ser sorprendidos pegando carteles de la organización ilegal Segi, según informó el Departamento vasco de Interior. Los tres ya han quedado en libertad.

Sobre las cinco menos cuarto de la tarde del sábado, una patrulla de la Ertzaintza localizó en la zona de la calle San Juan del municipio de Anoeta a tres personas, que estaban colocando carteles firmados por la organización ilegal Segi en la pared de un inmueble, informa Europa Press.

Al percatarse de la presencia policial, los tres salieron huyendo del lugar, siendo interceptados en las inmediaciones del apeadero del tren. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales en calidad de detenidos. En la misma tarde del ayer, una vez completadas las diligencias policiales, quedaron en libertad y deberán presentarse próximamente en el Juzgado.

Borrar pintadas

Por otra parte, los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes y las entidades locales menores pueden desde solicitar desde hoy las ayudas del Gobierno vasco para eliminar pintadas de exaltación del terrorismo o que sean humillantes para las víctimas, informa Efe.

La Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que fue aprobada en la Cámara de Vitoria, insta a los poderes públicos vascos a actuar contra las pintadas y carteles que atenten contra la dignidad de este colectivo, y para su cumplimiento el Departamento de Interior del Gobierno vasco ha habilitado una partida de 50.000 euros.

El objeto de estas ayudas, correspondientes al actual ejercicio de 2008, es sufragar la adquisición o alquiler de material para llevar a cabo el borrado de pintadas o la contratación de empresas o servicios especializados, con una cuantía máxima por Ayuntamiento o entidad local de seis mil euros.

En la orden de Interior se recuerda que el derecho a la dignidad de las víctimas del terrorismo "es un presupuesto moral que los poderes públicos están obligados a preservar".

A su vez, se hace constar en la normativa que "su respeto implica la adopción de medidas para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito o humillación de las víctimas y exaltación del terrorismo", sostiene el departamento vasco de Interior.