18 empresas del automóvil planeaban regular empleo en diciembre

El plan de la Xunta para ayudar al sector de la automoción evitará que se presente una ola de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el mes de diciembre por la caída de producción. Hasta 18 auxiliares de la órbita de PSA Peugeot Citroën planeaban hacerlo dejando a cientos de trabajadores con el empleo suspendido. Una de ellas, Tramagasa, preparaba seis expedientes. Con este panorama, el Foro de la Industria del Automóvil, en el que participan la Administración, los sindicatos y la patronal, ha forzado a las consellerías de Traballo y Economía a dar su visto bueno al plan, que estará dotado con una cantidad próxima a los diez millones de euros y que todavía se está negociando. Los sindicatos calculan que podrán acogerse a él 123 empresas y 8.000 trabajadores. Las ayudas sufragarán el coste de las horas de formación que las empresas ofrezcan a sus empleados a cambio de evitar la presentación de más ERE en el mes de diciembre.

"Que no piensen que el dinero es para su cuenta de resultados"

Miguel Anxo Malvido, de la CIG, explicó que las ayudas sólo se ofrecerán a aquellas empresas que demuestren que, como mínimo, un 40% de su producción está destinada a la industria del automóvil. Para ello deberán solicitarlas ante la Consellería de Traballo presentando un informe de actividades y una lista de empleados. "Todavía no está concretado cuánto aportará cada empresa y cuánto la Administración", añadió.

Aunque faltan "flecos por definir", sí se sabe que las auxiliares tendrán que presentar una "documentación similar" a la exigida con los ERE. En la mayoría de los casos la formación la impartirá cada industria a sus trabajadores, pero no se descarta que puedan recurrir a proveedores externos o al centro de formación de Asime, la patronal de Pontevedra.

Para Manuel García, secretario del Metal de UGT en Galicia, lo que se pretende es "la fidelización de los trabajadores, que no ocurra como en el naval, que falta gente con formación específica". En esa línea están las demás centrales sindicales, que advierten a las empresas de que el dinero "no está pensado para sanear la cuenta de resultados de este año". En este sentido, se creará una comisión de seguimiento para "vigilar el cumplimiento de cada proyecto".

El dinero tampoco ayudará al fabricante Citroën, sino exclusivamente a los proveedores de primer, segundo o tercer nivel de la cadena de suministros, la mayoría agrupados en Asime y en el Cluster de Empresas de componentes (Ceaga). Los sindicatos también han negociado una condición para llegar a un acuerdo: que las empresas que se beneficien de estas ayudas no puedan deslocalizar su producción fuera de Galicia. Con estas bases, se espera que el Consello de la Xunta dé mañana el visto bueno al plan y que el viernes, el sector reciba un borrador. En las consellerías implicadas se trabaja estos días contrarreloj para encajar las ayudas en el presupuesto y plasmarlas en un documento para que entren en vigor en el plazo de 11 días.

Celso Carnero, responsable del sector de automoción de Comisiones Obreras, apuntó que los programas de formación "dependerán del perfil de cada empresa". En todo caso, añadió que se trata de actuaciones en pymes "que estén ahogadas y hayan agotado las medidas de flexibilidad de sus convenios".

Los trabajadores todavía no saben qué pasará el año que viene, y precisan que esta actuación "de choque" sólo será válida para diciembre. Ese mes es el más temido en el sector por la práctica paralización de la cadena del fabricante francés, que tendrá consecuencias en numerosas factorías gallegas.

Rubén Pérez, del comité de empresa de Citroën, cree que lo importante en estos momentos es "trabajar en todas las direcciones para no perder empleos" y subrayó el "compromiso" de la Administración de mantener el diálogo abierto en la mesa de negociación.

Para los sindicatos, ha habido un antes y un después de la decisión de Citroën de suprimir uno de los turnos de noche, que dejará sin trabajo desde enero a 900 personas con contratos eventuales. "Se ha visto que la solidaridad aparece cuando llegan los problemas", señaló una fuente próxima a las negociaciones. Para el sector, el cambio de actitud de la Xunta tendría que haberse dado con anterioridad a la cadena de expedientes de regulación de empleo.

Hasta el mes de noviembre, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en Galicia ascendió a 3.744. Según los datos de la Consellería de Traballo, de ellas 660 personas vieron rescindido su contrato, mientras que 3.071 sufrieron una suspensión temporal y al resto se le redujo la jornada. La crisis ha multiplicado por tres el número de ERE en Galicia, y la provincia de Pontevedra es la que más está acusando la caída del empleo.