Un debate sobre supuestos

Los presupuestos siempre tienen algo de tentativo; a partir de una previsión de ingresos se establecen las prioridades de gasto de acuerdo con ciertas prioridades políticas. Pero los presupuestos de la Generalitat para 2009 se elaboraron en la confianza de que el Gobierno cumplirá su promesa de pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. O, en su defecto, que el Ministerio de Hacienda autorizará un mayor recurso al déficit para cuadrar las cuentas. Eso explica que el gasto previsto en Farmacia sea inferior al gasto real de 2006 y 2007; que los fondos para cubrir el coste de los conciertos con colegios privados sea claramente insuficiente, como han denunciado los sindicatos de Educación; que la financiación de las universidades sólo se ajuste a sus necesidades a través de un anexo a la ley de presupuestos que no indica el origen de la subvención; o que el consejero de Bienestar Social reclame un pacto nacional para cubrir los costes de la Ley de Dependencia. Gerardo Camps, responsable de Hacienda, deslizó su íntima convicción de que el nuevo modelo de financiación se pactaría antes de fin de año cuando entregó las cuentas en las Cortes.

Los socialistas ven "pobres" unas cuentas que se anuncian "austeras"

Los diputados del PP han recurrido al mismo discurso victimista

Gerardo Camps está convencido de que el nuevo sistema se aprobará este año

Rambla: "Hacemos los deberes a pesar de las cortapisas del Gobierno"

Al cerrar las comparecencias de los consejeros ante la comisión de Presupuestos para explicar las cuentas de sus departamentos, Camps anticipó una inminente reunión bilateral con el secretario de Estado de Hacienda y dio por hecho que efectivamente se aplicará un nuevo modelo a partir de enero. Pero ahora las cosas parecen estancadas. La confianza de unos y otros, la Generalitat y el Gobierno, en las posibilidades de llegar a un pacto, vació de contenido la primera semana de debates sobre las cuentas en las Cortes Valencianas porque las diferencias se plantearon sobre meros supuestos.

Vicente Rambla, vicepresidente y consejero de Presidencia, trazó una línea de defensa a la que recurrieron prácticamente todos los consejeros. "Somos un millón más de personas que siguen siendo invisibles a ojos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero", sentenció, "hacemos los deberes a pesar de las dificultades y cortapisas a que nos somete el Gobierno central". Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, aludió a "una maléfica conjunción" entre la crisis económica, que recortará los ingresos de la Generalitat, y la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica. Manuel Cervera, consejero de Sanidad, fue más dramático, alertó sobre una quiebra inminente del sistema público de salud y reivindicó su condición de llorón ante el Gobierno central.

Los socialistas se esforzaron por recordar que el sistema de financiación autonómica vigente, inspirado en el denominado modelo Zaplana, se pactó cuando gobernaba José María Aznar y con vocación de permanencia. También apuntaron que la población valenciana creció más entre 2001 y 2004 que entre 2004 y 2008, pero sólo se ha convertido en un problema para la Generalitat desde que gobierna Zapatero. Pero fue inútil. Uno tras otro, todos los diputados del PP que tomaron la palabra ante la comisión de presupuestos recurrieron al mismo argumento victimista.

Los socialistas acertaron al calificar de "pobres" unos presupuestos que se presentaban como "austeros". Pero su posición en el debate también estaba mediatizada desde el exterior. Cuando Zapatero anunció que los socialistas de toda España evitarían entorpecer la tramitación de las cuentas públicas de todas las Administraciones dejó al Grupo Socialista en las Cortes Valencianas en una posición complicada. Las comparecencias de los consejeros no llevaban aparejada ninguna votación, de modo que los diputados socialistas descargaron sus críticas sin temor a caer en contradicción. El consejero de Sanidad, por ejemplo, se mostró sorprendido ante la crudeza de las críticas que recibió de Ignacio Subías: "Se diría que el cuerpo le pide votar no". O Mario Flores, consejero de Infraestructuras, no acabó de encajar las críticas de José Antonio Godoy a las fórmulas de pago aplazado. "No es pan para hoy y hambre para mañana, es que el hambre ya se está comiendo el pan para hoy", dijo Godoy. Las fórmulas de pago aplazado empiezan a pasar factura. Infraestructuras empieza a pagar el peaje en la sombra que pagará la CV-35 o la Consejera de Justicia se encuentra con que los pagos de obras ya ejecutadas se comen todos sus fondos para inversiones en el año próximo y se ve obligada a recurrir a "fórmulas adecuadas a la coyuntura actual". Pero tan convencidos están los miembros del Consell de que habrá un nuevo modelo de financiación autonómica que supondría una inyección adicional de unos mil millones de euros desde el Estado que Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Bienestar Social, llegó a explicar cómo se distribuirán esos fondos: el 6% para atención a discapacitados, el 14% para aplicar la Ley de Dependencia y el restante 80%, a dividir entre las consejerías de Educación y Sanidad. Para nuevas inversiones, ni un euro.

Compromís centró sus críticas en el aumento del gasto corriente y la externalización de servicios sin mayor control de las Cortes. Pero su protagonismo será mucho mayor cuando se produzca el debate de las enmiendas al presupuesto. Los socialistas no presentarán enmienda a la totalidad y los diputados han sido instruidos para que limiten al máximo las enmiendas parciales. "Por responsabilidad", repiten los diputados socialistas. Pero lo cierto es que la primera ronda del debate de las cuentas de la Generalitat no versó sobre una previsión clara de ingresos y gastos, sino sobre meros supuestos a la espera de que el Estado mueva ficha, aunque sea forzado desde Cataluña.