Prioridad a la educación

Existe una aparente unanimidad sobre la prioridad de la educación y de todo lo que tiene que ver con el conocimiento para impulsar una salida de la crisis. Pero es una unanimidad que se quiebra en cuanto pasa del papel a los hechos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha recortado de forma significativa las dotaciones a las universidades públicas que de él dependen, y hay indicios de que el de Valencia hará lo propio el año próximo. Si de recortar gasto se trata, es al parecer más fácil hacerlo de ese capítulo que de otros con menos aliento estratégico, pero quizá de mayor impacto electoral o propagandístico. En Madrid, el recorte ha sido del 30% de la subvención nominativa, la que cubre los gastos corrientes y muy particularmente las nóminas del personal, del mes de septiembre. La del mes de octubre no ha sido reducida y no han sabido o querido informar de lo que ocurrirá más adelante.

Es evidente que una institución como la Universidad no puede funcionar en esa incertidumbre. Las retribuciones de los funcionarios y otros trabajadores al servicio de las administraciones están protegidas por normas legales que no se pueden obviar tan fácilmente, así que no parece verosímil que se consoliden reducciones efectivas en ellas; pero hay muchos otros capítulos, como la investigación o las infraestructuras, que sufrirán las consecuencias.

Puede que todo responda a una actitud de falta de confianza en la universidad pública por parte de las administraciones que recortan sus presupuestos. Pero quizá en este caso, teniendo en cuenta el papel protagonista de las dos comunidades autónomas más beligerantes con el Gobierno central, Madrid y la valenciana, nos encontremos con un nuevo episodio del pulso que mantienen. Un antecedente de ese pulso es lo ocurrido con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, convertida en esperpento en Valencia y puesta en cuestión en Madrid, por una abierta incitación a la objeción con una base jurídica tan dudosa que resulta ya urgente su clarificación por el Tribunal Supremo.

En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Madrid ha culpado inmediatamente al de Zapatero de una reducción en las transferencias a la comunidad autónoma. Independientemente de que se aclare la naturaleza de esa reducción, no parece recomendable empezar recortando las dotaciones de las universidades.