El Gobierno colombiano ordena una purga sin precedentes en el Ejército

Destituidos 27 militares por asesinatos y otras violaciones de derechos humanos

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer una purga sin precedentes en el Ejército por violaciones de derechos humanos. Un total de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles, han sido destituidos después de que una investigación interna determinara su responsabilidad, cuando menos por negligencia, en ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes cometidos en sus zonas de mando.

"Puede haber integrantes de las Fuerzas Amadas incursos en asesinatos y graves fallas en la vigilancia", dijo Uribe, acompañado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Fredy Padilla. El presidente se refirió a los resultados de la investigación ordenada hace un mes para saber qué pasó con 11 jóvenes desaparecidos en Soacha, población aledaña a Bogotá, que aparecieron como muertos en combate con la guerrilla en Ocaña, 500 kilómetros al norte.

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Uribe advirtió de que la eficacia que se le exige a la fuerza pública no se puede conseguir con "procedimientos criminales", y que quienes comandaban esas unidades donde algunos oficiales "tuvieron la oportunidad de aliarse con criminales para secuestrar y asesinar inocentes" deberán pagar. Los militares destituidos, señaló Uribe, afrontarán los procesos de la justicia ordinaria.

La comisión de inteligencia que investigó el caso sobre el terreno durante tres semanas encontró, dijo el ministro Santos, serios indicios de negligencia del mando tanto en procedimientos y conducción de las operaciones como en la investigación de las denuncias.

Con esta purga, que descabeza a dos divisiones del Ejército, el Gobierno pretende enviar un mensaje contundente a las Fuerzas Armadas: "Habrá tolerancia cero con las violaciones a los derechos humanos", dijo el ministro Santos. "En seis años de éxitos sin antecedentes en la recuperación de la seguridad, la política de seguridad democrática ha estado fundada en la eficacia con transparencia".

Aunque la masiva destitución fulminante fue calificada de valiente, hubo algunos, como Carlos Gaviria, dirigente del izquierdista Polo Democrático Alternativo, que pidió la cabeza del ministro de Defensa. "La noticia nos debe llevar a reflexionar", dijo Gaviria.

La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia había advertido en sus informes anuales sobre la práctica de los llamados "falsos positivos" (jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros) y había exigido medidas para frenarla. La fiscalía colombiana tiene abiertas unas 700 investigaciones de casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados desde 2002.

"El Gobierno estaba en mora de tomar medidas; es por la presión tanto nacional como internacional que se vio obligado a reconocerlo", opina la analista Claudia López.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 29 de octubre de 2008.

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