La financiación de las universidades abre otro agujero de 200 millones

El plan que Gerardo Camps, consejero de Hacienda, presentó el martes a los rectores se materializó ayer. Los Presupuestos para 2009 no recogen el tijeretazo (de un 25%) de los fondos ordinarios de las universidades, los que sirven en primer lugar para pagar las nóminas. A cambio, agravan la esquizofrenia que padece el sistema desde 2003. Los mismos Presupuestos destinan dos cantidades a los centros públicos: por una parte, 620,9 millones de euros; por otra, 815,6 millones. Contienen, además, el primer pago de la deuda (900) millones que la Generalitat irá saldando hasta 2023. El rector de Castellón, Francisco Toledo, consideró el resultado "positivo".

La argucia diseñada por Camps, sin embargo, evita el tijeretazo a costa de abrir un nuevo agujero en la financiación universitaria de 195 millones de euros (la diferencia entre las dos cantidades que figuran en los Presupuestos) a los pocos meses de cerrar de mala manera el agujero anterior: devolver a plazos, durante 14 años, los 900 millones de euros ya mencionados.

La argucia eleva todavía más la inestabilidad económica de las universidades: ¿Entregará el Consell 815 millones de euros? ¿O sólo 620? Ello obligaría a los rectores a volver a endeudarse (podrán hacerlo porque tienen el respaldo de los Presupuestos) para pagar las nóminas a final de año, lo que generaría más "gastos financieros", y Francisco Tomás ya advirtió el martes que estos pueden "bloquear la actividad" de las universidades.

Parece lícito plantearse otras preguntas: ¿De qué dependerá que el Consell pague uno u otro importe? ¿De su situación económica? ¿De la reforme del modelo de financiación autonómica, como sugirió la Generalitat a los rectores? ¿De lo afectas que las universidades se muestren a los proyectos del Gobierno valenciano (llámense VIU, la Universidad Internacional Valenciana o de otra forma)?

La argucia certifica también, si hacía falta, que no existe nada parecido a una planificación del sistema universitario público (el privado es muy minoritario) por parte de la Generalitat. No es ya que los centros no sepan con qué recursos contarán a largo plazo (una forma de hacer las cosas que, por cierto, nació en Valencia a principios de los noventa y fue exportado con éxito a otras comunidades autónomas), sino que, al parecer, su misma viabilidad depende de reuniones in extremis con el consejero de Hacienda.

La argucia deja, por último, en bastante mal lugar al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que aireó y justificó el tijeretazo de las universidades para acabar quedando desautorizado después por Camps.

Las partidas elaboradas (por iniciativa propia o siguiendo instrucciones) por Font de Mora llaman también la atención en dos apartados. Primero: destinan a la polémica VIU casi cuatro millones de euros. Una cantidad notable si se tiene en cuenta que no incluyen la construcción de su nueva sede, encargada a Frank Gehry, y que 3,2 millones van al "gasto corriente" de una universidad que sigue sin tener matriculado a ningún alumno.

La UNED, en cambio, tiene 12.292 estudiantes en el territorio, y la Generalitat le destina 18.000 euros. Es cierto que ésta se financia básicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero también que en otras comunidades recibe complementos que alcanzan hasta un millón de euros.