El Gobierno admite que incumplirá el pacto de financiación De la Vega-Saura

En medio de la canícula de agosto y tras vencer la fecha fijada por el Estatuto para acordar la nueva financiación de la Generalitat, un pacto de última hora entre el PSOE e Iniciativa per Catalunya evitó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuviera que dar explicaciones en el Congreso sobre el incumplimiento. Joan Saura le salvó la papeleta al Gobierno pactando con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que el acuerdo "definitivo" estaría sobre la mesa "antes de tres meses". El pacto lo cerraron en secreto el 19 de agosto, con lo que el plazo expira el 19 de noviembre. Y tampoco se cumplirá, según avanzó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

El PSOE e ICV se dieron tres meses en agosto para pactar el nuevo modelo

La propuesta de financiación que el Gobierno central se ha comprometido a presentar antes de fin de noviembre "no resolverá todas las cuestiones", advirtió ayer Ocaña. De hecho, el Gobierno central tampoco garantiza que se cierre antes de finalizar el año. El secretario de Estado encargado de negociar la financiación con el consejero Antoni Castells sí dijo, en la emisora RAC 1, que el documento empezará a concretar "todas las cuestiones" pendientes.

Iniciativa, que tuvo que soportar un alud de críticas de Convergència i Unió y de sus socios de Esquerra Republicana por este pacto, evitó ayer valorar las palabras de Ocaña. El portavoz parlamentario del partido, Jaume Bosch, se mostró confiado aún en el acuerdo y recordó que queda tiempo para ello y que su formación no se pronunciará hasta el vencimiento de la fecha.

La presión a favor de que no haya más retrasos a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica llegó ayer también desde el ámbito empresarial y académico. El Círculo de Economía salió a la arena y pidió que la crisis no sirva de "excusa para paralizar o postergar las actuaciones prioritarias de los gobiernos", entre las cuales citó la financiación "más eficiente" de las administraciones.

En su línea habitual de superar los debates partidistas e interterritoriales, la institución que preside Salvador Alemany difundió una de sus notas públicas, en la que se exige que se respeten "los estatutos de autonomía", en el marco de un debate "sereno y responsable" en el que las distintas partes de un Estado descentralizado no caigan en "distorsiones interesadas" de la información. Este foro defendió, además, la negociación bilateral entre el Gobierno central y un Gobierno autoónomo como el catalán, porque el modelo de Estado español es "por definición asimétrico". Los empresarios y profesionales del círculo critican la "tendencia a la opacidad" en esta relación Estado-autonomías y la discusión "crispada". El criterio esencial del nuevo sistema que exige, en línea con lo que piden Cataluña y otras comunidades de mayor renta, es la población. La comunidad catalana ha visto aumentar la suya el 25%. "Se acabó el tiempo de buscar enemigos con los que eludir las propias responsabilidades", subraya su documento.

Los socialistas intentaron ayer apaciguar los ánimos ante lo que se prevé como un nuevo incumplimiento de calendario. El portavoz del PSC en el Parlament, Joan Ferran, aseguró que el nuevo documento será "mucho mejor" que el que presentó en julio. Con todo, admitió que se tendrán que seguir negociando los "flecos" hasta diciembre.

Convergència i Unió y el Partido Popular interpretaron que el Gobierno y la Generalitat no cerrarán el acuerdo antes de final de año y que ello perjudicará a los presupuestos de la Generalitat. Ambos partidos dieron por sentado ayer que votarán en contra de las cuentas del consejero Castells.