La Diputación guipuzcoana pierde a su abogado en el caso del fraude de Irún

El prestigioso letrado vizcaíno José Ricardo Palacio ha resuelto la relación profesional que mantenía con la Diputación de Guipúzcoa, institución a la que representaba en el procedimiento penal abierto por el fraude cometido en la Hacienda de Irún, por "diferencias en los criterios legales" a la hora de ejercer la acusación particular en este caso, según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo foral.

La ruptura llega cuando Hacienda quiere imputar a 4 personas más

La renuncia del abogado, que ya ha sido aceptada por la Diputación, se produce tras la decisión de la Hacienda guipuzcoana de solicitar al juez instructor que amplíe la denuncia por el fraude a cuatro personas más. En la actualidad, el principal acusado es el ex director de la oficina de Irún José María Bravo, considerado el presunto cerebro de una trama que habría dejado de ingresar 8,1 millones en las arcas forales y se habría apropiado ilícitamente de 1,6 millones de cobros a contribuyentes morosos. También están imputadas su esposa, Rosa Cobos; Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irún, y Pedro María Atristain, socio del primero.

La Diputación contrató a mediados del año pasado los servicios de Palacio, uno de los penalistas con mayor reputación en el País Vasco, para lograr el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la oficina tributaria de Irún y tratar de recuperar el montante económico detraído al fisco. Palacio ha decidido abandonar este caso cuando las investigaciones están muy avanzadas y "en un momento clave del proceso penal", afirmó un representante foral. Ambas partes han mantenido "diferentes puntos de vista" a lo largo del procedimiento judicial, aunque la ruptura se ha producido cuando la Hacienda decide dar un paso al frente y pedir la juzgado la imputación de otras cuatro personas, a quienes considera "colaboradores necesarios" para la comisión del delito. Entre éstos se encontrarían el superior inmediato a José María Bravo en el Departamento de Hacienda y un asesor fiscal que fue imputado en la causa, aunque la juez le retiró la acusación pocas horas después. El diputado del ramo, Pello González, aludió a la ley de Protección de Datos y a la presunción de inocencia para no desvelar sus nombres.

Las discrepacias entre Palacio y la Diputación en la forma en que debía tramitarse esta petición al juzgado fue el causante de la ruptura contractual. La institución foral pierde a un letrado de larga trayectoria en los juzgados y que ha intervenido en procedimientos de gran repercusión. Fue el defensor de las familias de los dos ertzainas asesinados en Itsasondo 1995 por Mikel Otegi. Un jurado popular le absolvió, aunque posteriormente el Tribunal Superior revocó aquel veredicto.

A la espera de encontrarle un sustituto, los servicios jurídicos de la Diputación se harán cargo de forma transitoria de la acusación particular. La diputada de Presidencia, Edurne Egaña, tiene previsto comparecer en las Juntas Generales para informar de este asunto.