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Un contable explica el método con el que se saqueó el erario marbellí

Admite que ingresó dinero público en cuentas privadas

Garantizar que los empleados cobraban sus nóminas en caso de que se produjeran embargos. Ése era el fin que perseguía el encargado de llevar la contabilidad en dos empresas municipales de Marbella, Eduardo Gonzálvez, cuando ingresó fondos públicos de esas sociedades en cuentas privadas. Mediante esos movimientos, justificados con facturas falsas de empresas inactivas, se llevó a cabo el saqueo del Ayuntamiento de esa ciudad entre 1991 y 1995. En sólo cuatro años desaparecieron de sus arcas 36 millones de euros.

En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Juan Antonio Roca y otros cinco acusados por malversación y falsedad en documento mercantil, ninguno de los acusados aclaró el destino de todo ese dinero. Gonzálvez, administrativo contable de las empresas municipales Contratas 2000 y Jardines 2000, se encargaba de anotar los ingresos y gastos de esas sociedades, financiadas íntegramente con dinero procedente del Ayuntamiento de Marbella. Según los hechos recogidos en el sumario, este trabajador cobró cheques de las cuentas de esas sociedades que, en algunos casos, ingresó en cuentas privadas. En otros casos, el dinero recibido no volvió a aparecer.

Parte de esas cantidades sirvieron para pagar a los empleados de las sociedades, a los que se abonaba su sueldo en efectivo, pero otra parte importante -alrededor de un millón de euros sólo en 1991, 36 millones en cuatro años- se ingresaba en la cuenta de Purificación Notario, la esposa del gerente de esas empresas, José Luis Jiménez (ya fallecido), también acusada en la causa como receptora de los fondos; en cuentas de empresas del ex alcalde Jesús Gil, y en los propios bolsillos de Gonzálvez y Jiménez, según la investigación judicial.

El empleado reconoció ayer que ingresaba parte del dinero público procedente de las cuentas de las sociedades municipales en la cuenta de Notario, pero aseguró que lo hizo por indicación de su jefe, José Luis Jiménez. "Esa cuenta", en la que Jiménez, el gerente de las empresas, constaba como autorizado, "se empleaba para ingresos y gastos de la empresa porque, según nos dijo el señor Jiménez, servía para garantizar las nóminas de los trabajadores en caso de que las de la empresa fueran embargadas", aseguró Gonzálvez. Éste se definió a sí mismo como "el último de la fila" en la supuesta trama. "Yo era un mero porteador de cheques", añadió.

El ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca fue supuestamente uno de los cerebros del entramado contable del saqueo de las cuentas públicas. Cuatro empresas inactivas a nombre de su madre facilitaron las facturas falsas a las empresas municipales que servían para justificar el dinero público supuestamente malversado.

Roca declarará previsiblemente el 6 de noviembre. El fiscal pide para él y para otros tres acusados diez años por malversación y falsedad en documento mercantil. Para los otros dos, a los que sólo imputa el primer delito, solicita ocho años de cárcel.

Con B de "balance" o "banco"

La segunda persona que declaró ayer en la Audiencia Nacional fue Jorge Castel, asesor fiscal y supuesto ingeniero contable de la trama junto a Roca, según la investigación, y a quien Eduardo Gonzálvez rendía cuentas de los gastos e ingresos de las sociedades municipales, según el propio empleado. La fiscal se interesó de forma insistente por múltiples anotaciones que Castel reconoció como suyas, en las que recogía frases como "hay que meter en B un valor de 500 millones", "saldo B, saldo A" o "20 millones en B para Carlos". "¿Qué quieren decir esas letras?", le preguntó.

El acusado aseguró en sus respuestas que las letras no significaban de ninguna manera que existiera una contabilidad B, opaca al fisco, sino que eran simplemente abreviaturas de, en algunos casos, la palabra "balance" y en otros "banco". La A, por su parte, no quería decir otra cosa que "Ayuntamiento", según Castel, que señaló que su único papel fue advertir a los gerentes de las sociedades municipales de los desajustes entre la documentación que le enviaban y los saldos de sus cuentas.

También fue interrogado Francisco Javier Herrera, administrativo de Planeamiento 2000, otra de las sociedades municipales desde la que supuestamente se sustrajeron fondos públicos, y Purificación Notario, la viuda de José Luis Jiménez y titular de la cuenta en la que se ingresaron parte de los fondos sustraídos. Esta última negó que la cuenta fuera suya -no reconoció su firma en el contrato de apertura- y aseguró: "Ni siquiera sé cómo se rellena un cheque".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de octubre de 2008

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