La casa no es una escuela

El debate sobre la escolarización en casa se abre paso en España de la mano del País Vasco, donde el PP y el Defensor del Pueblo defienden su regulación, y de una realidad marcada por extranjeros que habitan parte del año en la costa. Buena parte de los socios europeos y EE UU lo permiten.

¿Es posible aprender en casa todo lo que se enseña en el colegio? ¿Pueden un padre o una madre sustituir a los profesores en la evaluación de sus hijos? Quienes defienden la educación en casa o homeschooling sostienen que sí, que los niños pueden formarse en el hogar como si fuera un aula, que su madre puede ilustrarles sobre las matemáticas mientras el padre prepara los dictados de lengua, como ocurre en otros países y como exige un grupo de familias españolas que ha llevado el debate al Parlamento vasco.

Ayuntamientos y servicios sociales deben controlar la escolarización

El PP es partidario de estudiar "un fenómeno muy nuevo"

"Mis hijas tienen más flexibilidad para saber qué quieren", dice un padre

El Defensor del Menor: "Los padres tienden a la sobreprotección"

En España la escolarización es obligatoria. Educar en casa -una opción asociada a élites y a familias antisistema- es ilegal salvo en tres supuestos: enfermedad del alumno, vida itinerante o residencia en el extranjero. El resto se equipara al absentismo, un fenómeno sin cifras oficiales. La Asociación de Libre Educación (ALE) cuenta unas 400 familias en España. Esta agrupación, que tiene el respaldo del Defensor del Pueblo, ha conseguido involucrar en su causa al PP vasco, que presentará una segunda iniciativa antes de Navidad para su regulación. Los que están a favor defienden que se puede dar una atención más personalizada a cada niño. Quienes están en contra, dicen que la socialización se alcanza en la escuela y que ningún padre o madre es competente en todas las disciplinas.

Ketty Sánchez, con cuatro hijos de 7 a 13 años, lleva casi dos años enseñándoles en su casa de Irún. Quería agrupar a sus niños en un colegio concertado religioso, pero sólo entraron dos. Y decidió hacerlo por su cuenta. Ayuntamientos y servicios sociales son quienes deben controlar que los niños estén escolarizados. Lo hacen gracias a denuncias policiales o de vecinos que encuentran a los menores en la calle en horario lectivo. Pero no existe un organismo específico que controle a quienes están en sus domicilios, según un portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Además, si el caso acaba en denuncia, lo normal es enfrentarse sólo a sanciones administrativas, como la supresión de subvenciones, explica una portavoz del Ministerio de Educación. La cuestión difícilmente entrará en el terreno penal.

"No tengo constancia de sentencias condenatorias", indica Jaime Tapia, ex juez de menores de Vitoria y miembro de Jueces para la Democracia. "Es un tema ilegal pero no implica que se produzca una infracción penal", añade. El caso de Ketty Sánchez llegó a la Fiscalía de Menores de Guipúzcoa por una denuncia de la inspección educativa que acabó archivada con ese mismo argumento. Esta mujer dirige una academia de idiomas con su marido, el norteamericano Michael Branson. Los primeros meses de homeschoo-ling, sus hijos seguían las lecciones con el manual de su antiguo colegio desde el salón. "Eran las asignaturas básicas pero enseñadas más rápido", cuenta Sánchez, licenciada en Lengua e Historia. Sus hijos dedican cuatro horas, de 9.00 a 13.00, a matemáticas, lengua, historia, geografía, literatura o conocimiento del medio. Por las tardes van a la academia a aprender inglés, alemán y euskera, dan música y juegan. Todos tocan el piano y otro instrumento. En la academia conviven con otros niños y un viernes al mes se reúnen con más familias partidarias del homeschooling. Consideran que es suficiente para que sus hijos se socialicen.

Pero, para distintos expertos, la convivencia no es completa sin pasar por las aulas. "Se trata de que coincidan edades distintas, culturas diferentes, gente con discapacidad, de otros países..., eso sólo lo puede dar la escuela", según Miguel Recio, ex miembro del Consejo Escolar del Estado. "La institución escolar contribuye a que los estudiantes aprendan a vivir juntos, a respetarse, a ser solidarios, a construir sus propios valores mediante la reflexión y el encuentro con los valores de los otros. La educación en casa tiene el serio riesgo de perder esa posibilidad enriquecedora", añade Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología Evolutiva y Educación y ex secretario de Estado. "No es lo mismo saber que saber enseñar, ningún padre tiene derecho a dar una asignatura de manera parcial a su hijo", añade Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Los expertos establecen cuatro categorías generales de homeschooler: sectas ideológicas o religiosas, formas de vida alternativas, desencantados de la escuela que creen que pueden hacerlo mejor o quienes se adaptan, por ejemplo, a un difícil horario por estudios artísticos o deportivos. Y considera que cada forma debería considerarse de manera distinta. En lo que sí coinciden casi todos es en que no es lo mismo faltar a clase por ser absentista que por aprender en casa. Y en que debería considerarse de forma diferente.

¿Cómo está contemplado hasta ahora? La Constitución establece la obligación de una educación básica y gratuita. No alude a la escolarización. Sí lo hace la Ley Orgánica de Educación (LOE) que obliga a 10 años de escolaridad. Los padres que educan en casa se aferran a que la Constitución deja la puerta abierta y a la Declaración de Derechos Humanos, que les da un "derecho preferente" para elegir la educación de sus hijos. "Dentro del marco educativo existen centros con idearios distintos que garantizan la atención a la diversidad sin necesidad de educar en casa", rebate Javier Vidal, director general de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación. Vidal considera que permitir esta opción sería "muy difícil de controlar" porque habría que crear un sistema alternativo de seguimiento de esos alumnos.

Los padres que educan en casa se apoyan en los ejemplos de otros países (Francia, Inglaterra, Italia, Portugal o Estados Unidos, entre otros) para reclamar que no es tan difícil. Paco González, doctor en Pedagogía, mantuvo la matrícula de sus dos hijas, de 17 y 13 años, en Inglaterra cuando se mudó a Alcalá de Henares (Madrid). Se educan en casa y se examinan por libre fuera. Asegura que su modelo ha permitido "más flexibilidad" a sus hijas para descubrir lo que más les gusta. Daniela, la mayor, es una apasionada de la danza, la fotografía artística y el diseño. Para el curso que viene buscará una universidad inglesa en la que estudiar moda.

La pequeña, Stephanie, se levanta dos horas antes de empezar sus clases para tocar el piano. La familia entera se apuntó este verano a un campamento como monitores de inglés. Hacen muchas actividades juntos, algo que tampoco aprueban los expertos en educación. "Tal vez no sea bueno que coincida año tras año la autoridad académica y la autoridad familiar", señala Marchesi. "En estos modelos hay una tendencia a la sobreprotección, el niño se tiene que caer en el patio, discutir con los compañeros..., una familia no puede suplir al profesor ni a los compañeros de clase", añade Canalda.

El Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz piden a las administraciones un estudio detallado y una regularización. El último en pronunciarse ha sido Íñigo Lamarca, el ararteko (Defensor del Pueblo vasco), que en una resolución de este año resalta "la necesidad" de debatir un posible reconocimiento legal de esta fórmula con una salvedad: los derechos del niño. "Los padres no pueden dar la educación que quieran a sus hijos porque no son de su propiedad; esa educación también compete a los poderes públicos y no puede ser un subterfugio para que los padres tengan carta blanca", explica.

El Ararteko recibió una queja de Ketty Sánchez. El PP vasco también llevó su caso al Parlamento en primavera de la mano de su portavoz de Educación, Iñaki Oyarzabal. "No queremos un vacío legal que pueda desproteger a las familias", explica Oyarzabal, que pide "una regulación que garantice la educación del niño y la libertad de elección de los padres". Medio año después de la comparecencia de Ketty Sánchez en el Parlamento, el PP presentará otra iniciativa para exigir al Gobierno vasco que se pronuncie sobre la regulación antes de diciembre, antes de las elecciones. "Quieren mirar para otro lado y dejar correr la legislatura, pero volveremos a reclamar un debate", asegura Oyarzabal. A escala nacional, el PP va un paso por detrás. No exige una regulación, pero sí abre la puerta a estudiar un fenómeno "muy nuevo en España", según Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz popular de Educación en el Congreso. Los miembros de ALE reclaman que no obliguen a sus hijos a escolarizarse en un modelo que "no puede ofrecer todas las garantías", según Ketty Sánchez. "No da todas las garantías ni lo pretende, no puede sustituir a los medios de comunicación, a la vida, a la familia, pero todo el conjunto es mucho más útil para formar ciudadanos", rebate Miguel Recio.