La batalla por el 25 de octubre

El 25 de octubre, fecha de la aprobacion en referéndum del Estatuto de Gernika, debería ser fiesta oficial en Euskadi, como decidió en dos ocasiones el Parlamento vasco, primero en 1996 y después en 2000. En ambas fue con el voto en contra del nacionalismo que gobierna ininterrumpidamente desde hace tres décadas gracias al autogobierno puesto en marcha en esa fecha histórica. Ese mandato de la Cámara nunca se ha materializdo y el País Vasco tiene, además de muchas otras singularidades netamente favorables comparativamente hablando en términos de autogobierno y competencias, la de ser la única comunidad autónoma que carece de fiesta oficial que lo celebre.

El significado de esa fecha divide por la mitad a nacionalistas y no nacionalistas. Desde la fiesta unitaria que los unió en el pabellón de La Casilla hace 29 años para celebrar juntos la aprobación en referéndum del Estatuto de Gernika, nunca más la fecha del 25 de octubre ha vivido una conmemoración conjunta.

Euskadi es la única comunidad que carece de una fiesta oficial como tal

Su segundo aniversario, en 1981, consistió ya en una manifestación en las calles de Bilbao convocada por el Gobierno vasco frente a los pactos autonómicos de la UCD y el PSOE que dieron lugar a la después anulada LOAPA. "Tenga el Gobierno del Estado la certeza de que el pueblo vasco no va a convertirse en testigo mudo o espectador impasible de la degradación que se pretende del Estatuto o de la defraudación de su voluntad manifestada en referéndum", dijo por aquellas fechas el consejero de Trabajo del primer Gobierno de Carlos Garaikoetxea, Mario Fernández.

Desde entonces ha sido esta fecha piedra de toque de diferencias entre quienes se pusieron de común acuerdo para aprobar el texto que rige la autonomía vasca.

Este año, tras la culminación de la década soberanista abierta con los gobiernos de Ibarretxe, el 25 de octubre será, más que nunca, demostración de esa división. Los tres actos programados para ese día lo atestiguan. El tripartito y Aralar sustituirán la consulta programada para ese día por el lehendakari con un acto de protesta por su anulación por el Tribunal Constitucional y de reivindicación del derecho de autodeterminación.

El PSE, que acostumbra a celebrar la fecha en los ayuntamientos que gobierna, realizará un acto político en los aledaños del Museo Guggenheim, en el que el consenso de 1979 se convertirá en referencia y ejemplo de actuación futura.

El PP, que mantuvo desde la Diputación alavesa, durante sus ocho años de gobierno, la llama institucional de la celebración del aniversario, ha optado por situar en esa fecha un acto de cariz netamente electoral, la convención que proclamará candidato a lehendakari a su nuevo presidente, Antonio Basagoiti.

Lo que para socialistas y populares -incorporados éstos últimos al consenso estatutario tras abdicar del "no" dado en su día por Alianza Popular- debe ser celebración y festejo por el autogobierno consensuadamente recuperado, se torna para los nacionalistas en reiteración de insatisfacción y reclamación; primero del desarrollo pendiente, y ahora de un nuevo marco juridico político. Resulta revelador que el representante del PNV en la última comparecencia conjunta de los cuatro partidos que apoyaron la consulta, Joseba Egibar, se remitiera al 25 de octubre de 1839.

Se trata de la fecha de la aprobación de la Ley de Confirmación y Modificación de los Fueros, que los nacionalistas han acabado caracterizando como la de la abolición por la fuerza de la soberanía vasca originaria, que los sucesivos planes de Ibarretxe buscarían restituir. De nada vale que los estudiosos más prestigiosos de la historia del propio nacionalismo señalen a los Estatutos de autonomía -el efímero de 1936, con el que Euskadi nació como sujeto y realidad jurídica e institucional, y el de las amplias competencias de 1979, como "los mayores éxitos del nacionalismo", en palabras del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, José Luis de la Granja.

El aniversario del referéndum de 1979, celebrado en su día como un gran triunfo político, se ha convertido en una fecha incómoda y sobre la que pasan de modo vergonzante los nacionalistas. La única excepción se produjo a los diez años de su aprobación, que fue celebrada por el Gobierno vasco, presidido en aquel momento por el lehendakari José Antonio Ardanza.

"No hay nada que celebrar", dijeron en su vigésimo aniversario, con Ibarretxe en su primer año de gobierno. También el 25º pasó sin pena ni gloria, y otro tanto cabe prever que ocurrirá con otra fecha redonda, los treinta años que cumplirá en 2009, si el PNV y sus socios logran repetir en el Gobierno.

La muerte del Estatuto la proclamó primeramente el secretario general de ELA, José Elorrieta, en 1997. Ha habido después múltiples expresiones de desapego, como el calificativo de "carta otorgada" que le dio Joseba Egibar en la tribuna del Parlamento. Y hasta de desprecio, como al catalogarlo de "invento para salir del paso", aceptado bajo coacción "aunque se le diera forma de acuerdo", contenido en el manifiesto del PNV para el Aberri Eguna de 2003.

Paradójicamente, en estos últimos tiempos se vienen sucediendo las celebraciones por el cumplimiento de los 25 años de un buen número de instituciones autonómicas, obviamente emanadas del Estatuto, desde el Concierto Económico hasta Osakidetza, pasando por EITB o la Ertzaintza. El propio Parlamento, donde el tripartito impidió el homenaje al texto de Gernika en 2004, realizó a lo largo de todo el año siguiente un completo calendario para festejar el 25º aniversario de la Cámara surgida de él.

De La Granja ha señalado repetidamente la paradoja de que el partido que más ha rentabilizado el Estatuto lo dé por superado. El problema, a su juicio, estriba, según publicó en un artículo en este periódico tras la negativa de Ibarretxe a festejar el 20º aniversario, en la concepción "instrumental, gradualista y ambivalente de la autonomía" que tiene el PNV. "En función de la coyuntura", afirmaba, el PNV puede hablar del texto de Gernika como de "la autonomía más amplia de Europa" y resaltar su soberanía fiscal "como equiparable a la de un Estado miembro de la Unión Europea", o rebajarlo a un texto "de mínimos" y ya agotado.

El motivo aducido para eludir la celebración de la fecha ha sido el mismo siempre: se trata de una ley incumplida y, además, recortada por un "enjambre" de leyes y jurisprudencia que la "encorsetan", en palabras de Carlos Garaikoetxea.

También su sucesor, José Antonio Ardanza, vertió sus críticas al PSE y al PP por celebrar el 25 de octubre, mientras desde el poder en Madrid "exigen peajes para desarrollarlo". Fue en 1997 y Ardanza se situó en el centro, entre la ELA que se adelantaba a declarar "muerto" el Estatuto y quienes lo ensalzaban mientras ponían "trabas" a completarlo.

El Pacto de Lizarra, al año siguiente, sancionó el cambio de agujas del PNV desde la vía estatutaria a la soberanista, y desde la llegada de Ibarretxe al Gobierno, en 1999, el Estatuto, e incluso la reclamación de las transferencias pendientes, han desaparecido del discurso troncal, sustituidas por la batalla por alcanzar un nuevo marco jurídico y político basado en la autodeterminación. Ese cambio de carril dejó un espacio libre que los socialistas y también los populares, tras haber tenido el poder en la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria, ocupan ahora.

El temor a las consecuencias de sustituir el consenso como método para acordar los marcos básicos de convivencia por la ley de la simple mayoría, que ahora dan por suficiente los nacionalistas, ha sido determinante. Durante todos estos años, las instituciones gobernadas por el PP en Álava y los ayuntamientos del PSE han sido los únicos en celebrar el aniversario del Estatuto cada 25 de octubre.

El otro mojón en el abandono del Estatuto lo puso el tripartito, con la ayuda de Batasuna, en julio de 2002, del que derivaron el plan Ibarretxe y, después, la también fracasada consulta. El dictamen de la comisión sobre el autogobierno que sacaron adelante los partidos del Gobierno gracias a la abstención de Batasuna, que dijo ver reflejados en él sus planteamientos, declaraba "quebrado definitivamente el consenso estatutario" si el Gobierno no transfería en dos meses todas las competencias pendientes de traspaso.

El texto abogaba por el derecho de autodeterminación y fijaba las bases para un proceso soberanista, que se anunció el 25 de octubre de ese año y se concretaría en idéntico día el año siguiente en el proyecto articulado del plan Ibarretxe. "Más Estatuto", fue el lema que le opuso el PSE, ya con Patxi López a la cabeza, que basará su acto del próximo domingo en el ejemplo de acuerdo que supuso el texto de Gernika.