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Reportaje:El 29º aniversario de la aprobación del Estatuto

Las otras quiebras del desarrollo estatutario

Bloqueo en los traspasos y en la organización interna

El PNV ha recuperado con éxito en la negociación presupuestaria de este año la reclamación del traspaso de competencias estatutarias pendientes, pero en los últimos diez años las transferencias no han sido la prioridad de los sucesivos gobiernos de Ibarretxe. Tampoco han estado presentes, como habría cabido esperar, en los otros acuerdos sobre los presupuestos del Estado, que el PNV lleva apoyando desde 2005. Pero el partido que dirige Iñigo Urkullu ha recuperado esa senda una vez agotado, con resultados más que cuestionables en términos electorales, todo el recorrido alternativo al Estatuto emprendido por el lehendakari y el ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en 1999.

El principio de acuerdo sellado el jueves parece dar la razón al PNV cuando afirma que el desarrollo estatutario pendiente sólo se activa ante la necesidad perentoria de sus votos en el Congreso para el Gobierno central, sea éste del PSOE o del PP.

Un entramado interno a medio construir, con los municipios sin ley
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Así ocurrió también con el último paquete de traspasos -con los impuestos especiales como principal logro- acordado en 1996 con José María Aznar a cambio del voto del PNV a su investidura, la única que este partido ha dado a un presidente de gobierno español. Así ha sido ahora con la competencia sobre la I+D+i.

Una vez puesta sobre la mesa su apuesta decidida por la superación del Estatuto de Gernika, la apelación a las competencias pendientes había quedado muy esquinada en el discurso reivindicativo nacionalista.

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Cuando se ha mencionado en estos años, la referencia ha sido siempre la misma: los dos acuerdos del Parlamento, en 1993 y 1995, que enumeraban, en un acuerdo unánime, las competencias sin transferir, basados en el llamado Informe Zubia. De las que se censaron entonces tras exprimir el texto estatutario (54), el Gobierno vasco reclama aún 37. El Ejecutivo central, en tiempos de Aznar, redujo a siete las traspasables. El PP no se considera en la actualidad vinculado por aquella relación exhaustiva y el PSE acusó también al PNV de haber "ido más allá de lo que estaba en el acuerdo parlamentario" y de haber "utilizado con criterios partidistas un acuerdo que era de todos".

Las transferencias que el Ejecutivo autonómico tenía señaladas como prioritarias eran las de investigación, las políticas activas de empleo (Inem) y la de prisiones. El PNV presentó ante la negociación presupuestaria las dos primeras, a sabiendas ambas partes de que sólo la primera podía prosperar, pese a la oposición mostrada públicamente en dos ocasiones por la ministra Cristina Garmendia.

La transferencia de las prisiones, que sí tiene Cataluña, choca contra la pared de su implicación en la lucha antiterrorista. La de las políticas activas de empleo encalla en la exigencia del Gobierno vasco que se materialice por la vía del Concierto, que el Ejecutivo central rechaza alegando que las cuotas de los trabajadores no son impuestos. Navarra, que también tiene Concierto Económico, aceptó el traspaso del Inem fuera de esa metodología.

La apuesta por la superación del marco de Gernika de las dos últimas legislaturas ha cortocircuitado también la oportunidad de reformar el Estatuto, como han hecho otras comunidades, entre ellas Cataluña.

Pero el bloqueo es también doméstico. El tripartito tiene explicitado en su programa de gobierno el compromiso de abordar en este mandato la revisión del marco institucional interno y de las relaciones basadas en la Ley de Territorios Históricos, a la luz de las disfunciones detectadas en la experiencia de casi tres décadas de autogobierno. También incluye el de aprobar la ley Municipal, que quedará de nuevo en la estacada tras recurrirla las diputaciones de Álava y Vizcaya, ambas en manos del PNV, y mantendrá a Euskadi como la única comunidad autónoma que carece de ella.

En realidad, esa carencia supone que el entramado institucional está a medio construir en algo que sólo depende del Gobierno autonómico, con los ayuntamientos sumidos en una especie de limbo legal, además de en la impotencia y el desaliento.

Las 37 reclamadas

Trabajo y SS. Prestaciones por desempleo; Promoción y gestión de empleo; Formación P. Ocupacional; Regulación de empleo; Instituto Nacional de la Seguridad Social; Instituto Social de la Marina; Gestión del régimen económico de la SS; Centros de investigación y asistencia técnica (CIAT); Inspección de trabajo; Fondo de Garantía Salarial.

Infraestructuras. Meteorología; Autopistas (A-1 y A-68); Aeropuertos; Puertos de interés general; Transporte marítimo y fluvial; CEDEX; Ferrocarriles; Transporte mecánico por carretera; Salvamento marítimo.

Economía-Finanzas. Crédito y banca; Seguros; Crédito oficial; Mercado de Valores.

Industria. Administración institucional del Ministerio de Industria; Sector público del Estado; Hidrocarburos (petróleo y gas).

Educación e investigación. Investigación científica y técnica.

Interior. Expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos; Servicios privados de seguridad; Elecciones municipales.

Justicia. Centros penitenciarios.

Cultura. Archivos de titularidad estatal; Fondo de protección al cine.

Turismo. Turismo.

Agricultura y pesca. FROM; Inspección pesquera; Seguros agrarios.

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