El BNG mantiene conversaciones con las cajas para modificar la ley

Con la crisis encima, Anxo Quintana está ahora más decidido que nunca a cambiar el modelo por el que se rigen las cajas de ahorro gallegas. El programa de gobierno con el que concurrió a las elecciones de 2005 mencionaba que estas entidades "han acentuado el carácter especulativo de sus actividades", y que "se están desvinculando de sus compromisos de financiación de las pymes y actuando como deslocalizadoras del ahorro nacional". El pasado domingo, tras ser elegido candidato a la presidencia de la Xunta, Quintana rescató el plan ante 1.500 delegados de la formación como su "arma" ante la crisis financiera. "Defendemos una economía con raíces", afirmó Quintana. "Ahora que se habla de la situación de los mercados, éste es el mejor momento para crear un sistema financiero en Galicia a favor de la economía productiva", explicó.

Carlos Aymerich se ha reunido ya con Caixanova y Caixa Galicia

El Bloque pretende que el Parlamento esté representado en los consejos

Tarde ya para concretar un proyecto en lo que queda de legislatura, la formación quiere allanar el camino para poner la reforma en marcha si las urnas les otorgan competencias de gobierno. Aunque el vicepresidente Anxo Quintana ha mantenido "algún contacto", el trabajo lo está haciendo el portavoz nacionalista Carlos Aymerich, que se ha reunido con Caixa Galicia y Caixanova para plantear las demandas nacionalistas. El proyecto pivota en dos cuestiones fundamentales: un cambio en la estructura de poder de las cajas que dé entrada a los partidos representados en el Parlamento gallego, y una nueva definición de la "obra social" que limite la discrecionalidad de las inversiones que realizan. Aymerich argumenta que han alcanzado una dimensión "supralocal" y que, aunque se mantenga la representación de los ayuntamientos, en sus órganos de gobierno "deberían estar también los poderes públicos gallegos".

"Las cajas tienen que trabajar en la idea de país", señala Aymerich, que rechaza que la suya sea una puerta abierta a una mayor politización de los consejos: "Tienen que apostar por invertir en Galicia y de eso se dan cuenta sus actuales dirigentes". La última modificación de regulación por la que se rigen se llevó a cabo hace apenas tres años, cuando se aprobó el decreto que refunde las leyes de 1985 y del 1996. Los ayuntamientos, las diputaciones y entidades locales de interés general copan la mayoría de los puestos en la asamblea, el órgano supremo de gobierno de las cajas. Los impositores pueden llegar a tener hasta el 40% de los consejeros y el personal fijo de plantilla, entre el 5% y el 15%.

Las entidades aludidas no parecen estar preocupadas por el planteamiento del BNG. Ambas dicen que sus relaciones con los nacionalistas son "fluidas" y, a falta de un planteamiento concretado en un borrador, se muestran partidarias de asumir cambios. Más difícil lo tiene el Bloque con su socio de gobierno. De hecho, la formulación de una ley de cajas fue uno de los temas que más dificultaron el acuerdo del bipartito. El texto rubricado por Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana el 23 de junio de hace tres años no hace ninguna mención expresa al tema, aunque de manera velada, menciona que "se acordarán mecanismos para el fomento de la función dinamizadora que desarrollan las cajas y se asegurará la representatividad de la participación social".

Para el BNG en esta frase está el compromiso para poner en marcha el proyecto, que tendría que gestarse en Economía, una de las consellerías dirigidas por el PSdG. Lejos de eso, en el departamento que dirige José Ramón Fernández Antonio no han movido ni un papel en esa dirección. Sí, en cambio, han suscrito acuerdos con la Federación Galega de Caixas de Aforro para fijar las líneas maestras para el destino de los fondos de la obra social de estas entidades. Las cajas han invertido cerca de 350 millones de euros para fines sociales en los últimos tres años.

En Andalucía, Manuel Chaves se enfrentó a finales de los años noventa con la oposición en la Junta (PP e Izquierda Unida) y con el Gobierno de José María Aznar por una iniciativa similar. Su anteproyecto de ley de cajas fue tachado de intervencionista por reservar para la Junta de Andalucía la décima parte de los consejeros de las cajas de ahorro en detrimento de ayuntamientos, empleados e impositores. El PP sostuvo que Chaves concebía las cajas de ahorro como una vía para el "reparto de sillones, prebendas y poder" y se arrogaba competencias ajenas. Finalmente fue aprobada con modificaciones sustanciales, pero se mantuvo el aumento de representantes en los órganos de gobierno y se dio un giro a la obra social.

Las cajas de ahorros españolas se definen como entidades de crédito bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con fin social y actuación bajo criterios de mercado, aunque revierten un porcentaje de sus beneficios a la obra social. En los últimos meses, la Confederación de Cajas de Ahorro ha elevado al Gobierno la petición de que se limite a la mitad la representación pública en sus órganos rectores.