El PSOE estudia reformas en la Ley de Dependencia tras sólo año y medio

Un año y medio después de empezar a andar, la Ley de Dependencia muestra una cojera profunda de la que se duelen prácticamente todas las comunidades: la financiación y el calendario de la norma. El Grupo Socialista apoyará una moción que CiU presentará en el Congreso por la que se manda a un grupo de independientes que revisen la aplicación de la ley.

En seis meses habrán de tener un informe con la situación, "que seguro conllevará reformas normativas", sostiene el diputado Carles Campuzano, de CiU, que no aprobó la ley en su momento.

La portavoz socialista de Asuntos Sociales en el Congreso, Marisol Pérez, rehúsa hablar de fallos, pero sí reconoce que se irá "corrigiendo lo necesario para mejorar la ley", algo, dice, que también se hace ya de forma interna desde el Gobierno, también sobre el sistema informático, que tantas quejas ha levantado en este tiempo.

La consejera catalana de Acción Social, Carme Capdevila (ERC), se reunió el miércoles con la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, y a la salida manifestó la necesidad de revisar la financiación; un diagnóstico, dijo, "compartido por la ministra". El Gobierno guarda silencio, pero los consejeros han transmitido los problemas a Cabrera y han encontrado buena disposición para corregirlos.

Otra comunidad, Galicia, gobernada por el PSOE con el BNG, reclama una reforma profunda del sistema de financiación. Los nacionalistas gallegos, que llevan los asuntos de Dependencia en esa comunidad, propondrán a los partidos en el Congreso que vuelvan a reunirse y alcancen un acuerdo para distribuir el dinero. "No sólo queremos corregir, sino financiación suficiente, estable y ajustada a criterios territoriales", dice Xosé Bieito, director general de Acción Social en Galicia.

Año y medio después, aunque las comunidades han implantado esta ley a velocidades distintas, casi todas saben ya los costes reales de atender a una persona con una dependencia aguda. Y las cuentas no les salen. Al final, coinciden, las comunidades están sufragando el grueso de esta ley, porque tienen que complementar lo que la renta de sus ciudadanos no alcanza. Y, como dice el consejero de Castilla y León, "cuando todos los alumnos suspenden, la culpa es del maestro". César Antón Beltrán alaba una ley que contó con gran consenso político: "Es buena y necesaria y seguiremos su implantación, pero la financiación nos aprieta a todos. Hay que reflexionar".

La ley se pensó para ser financiada a escote entre las comunidades, el Gobierno y los beneficiarios a un 33% cada uno. En Castilla y León tienen una aportación media de los usuarios de un 26%, y "el resto, lo pone la comunidad", resume Antón Beltrán.

Su homóloga en Madrid, Engracia Hidalgo, asegura que el Estado aporta entre un 7% y un 15% de los costes reales. Otros dicen que un 20%, pero pocos suben de eso. Han encontrado que las pensiones de los grandes dependientes o sus magras rentas no dan para pagar el 33% previsto. Así ocurre en Baleares, donde el Estado "no sufraga más del 30% del coste real de la ley". "Y tenemos unas de las pensiones más bajas del país", explica la consejera, Fina Santiago. "El Gobierno debe valorar la conveniencia de una aplicación más lenta de la ley, cuyo coste se disparará de nuevo en 2010", afirma.

Parecida es la propuesta de Castilla y León: "Habría que esperar un poco y destinar los recursos primero a los que más lo necesitan, que son los grandes dependientes, que hay más de los que pensábamos". Antón Beltrán pide un pacto de Estado y eliminar la burocracia a la que se enfrentan. "No puede ser que para acabar pagando a alguien 400 euros escasos empleemos seis meses y unos 1.500 euros".