Las comunidades del PP piden una financiación "suficiente" de la Ley de Dependencia

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León, todos ellos del PP, más el de Canarias -donde gobiernan los populares con Coalición Canaria- han pedido hoy al Ejecutivo que dote a la Ley de Dependencia de una financiación "suficiente y asegurada en el tiempo" que garantice su aplicación. En este sentido, han exigido el pago "inmediato" de los más de 100 millones de euros que el Gobierno les adeuda en esta materia.

Así lo ha explicado el conseller de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, en nombre de los responsables autonómicos que han acudido a este foro, reunido en Valencia, que retoma el compromiso adquirido en León el pasado mes de marzo para lograr una mejor coordinación entre el Estado y las Administraciones autonómicas a la hora de aplicar la Ley de Dependencia.

También han reclamado que se adelante la revisión de esta ley prevista para finales de 2009 con el fin de mejorar el procedimiento y agilizar los trámites administrativos. Asimismo, se pide la inclusión en el sistema de valoración y los baremos de algunas discapacidades y enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la salud mental para que también puedan acceder al sistema de dependencia.

Los seis gobiernos autonómicos solicitan que se trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del sistema de atención a la dependencia, con el objetivo de dotar a las comunidades de fondos "suficientes" para el desarrollo de la Ley, en vigor desde el 1 de enero de 2007. Cotino ha lamentado que, seis meses después del citado foro autonómico de León, el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes "no sólo no haya avanzado en el desarrollo de la aplicación de la Ley, sino que ha dejado de cumplir sus compromisos". En este sentido, ha advertido de que la "insuficiente" financiación estatal a las autonomías "hace peligrar la aplicación real y eficaz de la Ley".

En cuanto al capítulo previsto para esta materia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, los consejeros critican que su dotación sea también "claramente insuficiente" y "el resultado del incumplimiento de los pagos que en materia de dependencia debería haber realizado el Estado a las comunidades en los años anteriores". Esta situación "obliga" a las personas dependientes y a las Administraciones autonómicas a "soportar más del 80% del coste de los servicios" y a que "los ciudadanos aporten más que el propio Gobierno central en el pago de los servicios residenciales".

"El Gobierno parece que no quiera que se aplique [la norma] y que mira hacia otra parte", ha criticado Cotino, quien también ha pedido al Ejecutivo que diga si dispone o no de los 115 millones de euros que adeuda a las autonomías y aclare si la baremación "se está haciendo bien o mal" en Andalucía, una región que, a su juicio, "se sale fuera de órbita" en algunas variables de la aplicación de la Ley.