Los beneficiarios con una renta inferior a 517 euros no pagarán los servicios de la Ley de Dependencia

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado hoy en la reunión del Consejo Territorial de Dependencia unos topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, según su capacidad económica. Las personas dependientes con una renta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a 516,90 euros, quedarán exentas del copago. Por encima del IPREM entrarán en consideración distintos criterios. Por ejemplo, Ejecutivo y autonomías han fijado que la vivienda sólo computará para calcular la capacidad económica del usuario en caso de que éste viva solo y solicite una plaza en una residencia.

Cumpliendo con los requisitos y umbrales mínimos y máximos, las comunidades determinarán la participación concreta de los beneficiarios en la cofinanciación de los servicios de la ley. "Así hemos establecido una reglas del juego comunes que hay que cumplir", ha subrayado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, al término del Consejo Territorial. "Estos acuerdos garantizan las prestaciones y servicios de calidad de acuerdo con la capacidad económica de las personas dependientes y, por tanto, nadie se quedará fuera", ha aseverado Cabrera.

El acuerdo del copago era uno de los últimos flecos pendientes por desarrollar de la Ley de Dependencia -vigente desde 2007- y ha recibido el voto favorable de diez comunidades (las gobernadas por el PSOE y Navarra) y seis abstenciones de las autonomías presididas por el PP y la de Canarias. El principal partido de la oposición se ha abstenido porque quería la redacción de un informe jurídico para que este punto se regulara mediante un real decreto y no un acuerdo.

Profesionales cualificados

El encuentro ha concluido asimismo con un acuerdo sobre los requisitos de calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia, referidos no sólo a las instalaciones y equipamientos, sino también al personal. Sobre esto último, Gobierno y comunidades han acordado que en 2015 el cien por cien del personal tenga un título o cualificación profesional, ya que actualmente sólo lo poseen un 30%. Este acuerdo ha sido aprobado por diez votos a favor (comunidades del PSOE y Navarra) y siete abstenciones (autonomías del PP, Canarias y País Vasco).