La consejería "más delicada", en el punto de mira de todas las críticas

No es casualidad que sea la Consejería de Sanidad -y por tanto también su titular, Juan José Güemes- la que estos días está en el ojo del huracán de las críticas al Gobierno regional. La sanidad no sólo es una de las principales competencias autonómicas y la que más devora (más de un tercio) de los 18.900 millones de euros de los presupuestos regionales de este año. Es también la vara con la que, ya desde su primer mandato, la propia Esperanza Aguirre eligió que se midiera su gestión.

En la primera campaña a la presidencia regional de 2003, la entonces candidata del PP prometió que reduciría las listas de espera a menos de 30 días y que, de incumplir la promesa, dimitiría. Para no tener que hacerlo inventó un sistema de recuento -sólo empieza a contar desde que el paciente visita al anestesista- que le valió a Madrid ser expulsada del sistema nacional de cómputo. Aguirre no dimitió ni tampoco el también polémico ex consejero Manuel Lamela.

En la campaña siguiente, en mayo de 2007, también fueron sanitarias algunas de las medidas estrella del PP, que aún no se han puesto en marcha, como la libre elección de médico y hospital, la construcción de cuatro nuevos hospitales (tras los ocho que ya funcionan) o la reducción de la espera diagnóstica a 40 días.

Pero la sanidad es también la competencia donde más claramente se ha plasmado la posición ideológica del PP, lo que la ha llevado al centro de la controversia política. El liberalismo que abandera Esperanza Aguirre sostiene que la gestión privada de los servicios públicos es "la fórmula más efectiva" y por eso la ha elegido para poner en marcha los ocho nuevos hospitales.

Güemes añade otra justificación: "Sanidad y educación, como pilares del Estado de bienestar, son las áreas más delicadas". Por eso, el consejero ve en el ruidoso recibimiento que ha tenido a las puertas de los hospitales una "cuestión exclusivamente política y promovida desde la izquierda". Hasta el punto de que echa en falta una "reivindicación laboral" tras las críticas, que se han centrado en la creciente privatización de la sanidad. "Ahora le toca a la sanidad y, dentro de unos meses, cuando estimen que ha dado fruto, volverán a atacar la educación", concluye el consejero.

Güemes, que estos días se ha hartado de descalificar a los sindicalistas con ironía -"con el sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas", dijo el 30 de septiembre-, fue ayer más moderado en la conversación con este periódico y recalcó el "altísimo papel de representación de los sindicatos y la importante misión en la defensa de los trabajadores". Pero agregó que con su actitud ahora "están muy alejados de la defensa de los intereses de los madrileños".

Añadió que el fondo del discurso antiprivatización "no es nuevo". Y se remontó hasta 1999. "El eje de la campaña entonces ya era la supuesta privatización del hospital Fundación Alcorcón", recuerda. "Y los argumentos, milimétricos".

La diferencia es que entonces el PP no había osado aprobar una ponencia como en el congreso de hace dos semanas, elaborada entre otros por él, en la que se tachara a los servicios públicos de "monopolio" que "restringe la libertad de los ciudadanos".