El Gobierno de Aragón niega que acordara comprar pisos al grupo Afer

El primer modelo de fábrica contemplado en el innovador proyecto del grupo Afer se tambalea. Y es que el Gobierno de Aragón asegura que no adquirirá ninguno de los pisos en serie mediante módulos de la planta anunciada en el municipio aragonés de Magallón. El Ejecutivo que preside el socialista Marcelino Iglesias señala que sus ayudas a la empresa Habidite -la sociedad del grupo vizcaíno encargada del proyecto- se limitarán a la formación de trabajadores y la inversión. Fuentes de esta constructora aseguraron ayer que desconocen esta decisión del Gobierno aragonés porque "no les consta", pero que, eso sí, mantendrán el proyecto.

El grupo Afer, presidido por Jabyer Fernández, anunció hace casi dos años la construcción de la fábrica en Magallón y que, como ha pasado con el acuerdo firmado con la Diputación de Vizcaya, supondría la adquisición por las instituciones públicas de las primeras 1.500 viviendas que saldrían de la planta. Las otras contrapartidas se referían a la adquisición del suelo y la subvención íntegra de formación y reciclaje de los trabajadores contratados, así como a sufragar todos los gastos en investigación e innovación de este proyecto.

A la empresa "no le consta" la decisión y asegura que mantiene el proyecto

De hecho, el propio Fernández afirmó, en una entrevista con este diario el pasado mes de julio, que no construirían fábricas donde no hubiera un compromiso de las administraciones para comprarles pisos. "Es una condición indispensable porque si la administración no cree en el proyecto, es mejor no estar allí".

Fuentes oficiales del Gobierno aragonés afirmaron a EL PAÍS que con el grupo Afer sólo existe un protocolo "en el que no se contempla ninguna adquisición de viviendas". Los mismos medios agregaron que, en los encuentros mantenidos, a los responsables de Afer únicamente se les comunicó de manera informal que "si se instalaban aquí, podríamos comprarle algún lote de viviendas. Pero no existía nada en firme", reiteran.

El Ejecutivo de Aragón niega además que, en el tema de la formación, y la investigación e innovación, se aporte el 100% de los gastos, como establece el convenio con Vizcaya. "Se concederían ayudas a la formación e inversión pero como con cualquier empresa que se instale en Aragón".

Las mismas fuentes oficiales aseguran que estaba prevista la firma del acuerdo para la implantación de la fábrica en Magallón antes del verano "pero todo está parado". Las fuentes consultadas aseguran que la parálisis no es culpa de ellos. Precisamente, Jabyer Fernández aseguró en junio pasado, cuando presentó en su fábrica de Ortuella el primer prototipo de un pisos construido en módulos, que el convenio con el Gobierno aragonés se firmaría a finales de ese mismo mes y que sólo quedaban "algunos flecos". En el proyecto de Magallón, la empresa vizcaína ha dispuesto de los terrenos gratuitos, cedidos por el Ayuntamiento aragonés, a diferencia de lo que ocurre con el convenio con Vizcaya, donde la Diputación se encarga de gestionar la compra de los terrenos pero luego los vende a la empresa.

Fernández ha defendido que las instituciones públicas les adquieran viviendas porque "no se puede plantear desde la incertidumbre algo tan novedoso y con tanta inversión y empleos [se prevén 70 millones y 1.100 empleos directos en cada planta]. Eso siempre lo ha exigido cualquier empresario a la administración: si no es ayuda desde la carga de trabajo, se solicita que te regalen el suelo, planes de formación, subvenciones a fondo perdido. Nosotros proponemos hacer lo mismo que un constructor y encima dejar una industria. Es perfectamente defendible y lógico", subrayan.

Si mantiene su idea de no invertir donde no le compren previamente sus pisos, a Afer sólo le quedaría ahora el proyecto de la fábrica en Alonsotegi, que también sufre retrasos. En este caso, se deben a la disponibilidad del suelo, ya que hasta el pasado verano la Diputación había adquirido el 60% de los 254.000 metros cuadrados pactado, un 60%. La institución se ha encontrado con las exigencias de los propietarios, que, al conocer el proyecto, triplicaron los precios que había barajado.

La empresa también anunció en 2007 otra fábrica en Azkoitia, pero en junio admitió que está en el aire porque el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha dicho que sólo promoverá pisos industrializados por medio de un concurso público.